Estado y Gobierno de Aragón constituyen la Comisión Bilateral, principal órgano de relación entre las dos administraciones

El Estado y el Gobierno de Aragón han constituido la Comisión Bilateral, el instrumento principal de relación entre las dos administraciones, según se recoge en el artículo 90 del nuevo Estatuto de Aragón, aprobado el 23 de abril del año pasado. El acto de constitución, celebrado en Madrid, ha sido presidido por la ministra de Administraciones Públicas del Gobierno central, Elena Salgado y el vicepresidente de Aragón, José Ángel Biel. Precisamente será la ministra quien ocupe la presidencia de la Comisión durante doce meses en el primer turno rotatorio.

En este encuentro, que ha contado también con la asistencia del consejero de Presidencia, Javier Velasco, Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz y de Política Territorial, Justicia e Interior, Rogelio Silva, Aragón ha presentado un informe con las líneas generales que deberían seguirse para desarrollar el Estatuto.

Las dos administraciones han aprovechado la constitución formal de este órgano para abordar el futuro reglamento que regirá su funcionamiento. Como primera medida han decidido poner en marcha cuatro grupos de trabajo que se encargarán de sentar las bases del desarrollo estatutario, nuevo paso para hacer cumplir el texto aprobado en abril. Los grupos se dedicarán al seguimiento normativo, prevención y solución de conflictos; convenios y participación en las competencias y organismos estatales; infraestructuras y asuntos europeos y acción exterior.

La Comisión Bilateral Estado-Aragón es un órgano que se crea para impulsar la realización de actuaciones y planes conjuntos para el desarrollo de políticas comunes y, en su virtud, suscribir los oportunos convenios de colaboración. También tiene como objetivo deliberar y hacer propuestas sobre la elaboración de proyectos legislativos del Estado que afecten especialmente a las competencias e intereses de Aragón, diseñar mecanismos de colaboración mutua en los distintos ámbitos sectoriales, servir de instrumento para prevenir conflictos entre ambas administraciones, así como intentar dirimir controversias por vía extraprocesal.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO ESTATUTARIO

El Gobierno de Aragón ha aprovechado la constitución de la Comisión Bilateral para entregarle al Estado un amplio documento en el que se marcan las líneas generales para el desarrollo del nuevo Estatuto, aprobado por la Comunidad el 23 de abril.

Las tres líneas básicas que marca Aragón son los nuevos traspasos de funciones y servicios; el desarrollo de las relaciones bilaterales y la participación de la Comunidad en los organismos y las competencias estatales.

En el primer punto, Aragón recuerda que el texto estatutario recoge el traspaso de competencias relacionadas con vivienda, aeropuertos, ferrocarriles, meteorología, fomento de la agricultura, cambio climático, asociaciones y fundaciones, museos y archivos, cinematografía, seguridad privada, ejecución de obras hidráulicas de titularidad estatal, becas, comunicaciones electrónicas, seguridad social, políticas de integración de inmigrantes, control de instalaciones radiactivas, competencia compartida sobre inspección, disciplina y sanción de las entidades de crédito, policía autonómica, sistema penitenciario o notarías y registros públicos, entre otros. Aragón insta a comenzar a trabajar para avanzar en esta línea.

En segundo lugar, Aragón anima al fomento de las relaciones bilaterales, de tal forma que las competencias puedan coordinarse adecuadamente. Como herramienta fundamental a desarrollar, debe destacarse los convenios de colaboración, cuya importancia se va a incrementar con el nuevo Estatuto. Entre esos convenios sobresale el de gestión de obras públicas calificadas de interés general, entre ellas las obras hidráulicas.

La tercera línea de desarrollo del Estatuto de Autonomía tiene por objetivo la participación de la Comunidad Autónoma de Aragón en el ejercicio de las competencias estatales en cuanto incidan en los intereses del territorio. Ello se traducirá en una mayor cohesión del Estado autonómico, pues tendrá un carácter mucho más participativo, evitando que el ejercicio de las competencias, tanto las del Estado como las de Comunidades Autónomas, sean ámbitos separados y carentes de la necesaria coordinación.