Cartas al director: El agua y Aragón

Jesús Morte Bonafonte. Presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA)

Javier Ferrer Dufol, Presidente de la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ)

José Luis López Garcés. Presidente de la Confederación Empresarial Oscense (CEOS-CEPYME HUESCA)

Carlos Mor Sanz. Presidente de la Confederación de Empresarios de Teruel (CET)

El pasado mes de octubre, los empresarios aragoneses celebramos una gran cumbre empresarial en la que nos planteamos el Aragón que queremos. Hablamos allí de un Aragón vital, dinámico y emprendedor, que aspire y alcance mayores cotas de desarrollo contribuyendo al crecimiento global de España. Un Aragón que sea parte esencial de una España cohesionada y competitiva, en la que no haya regiones de primera y de segunda, sino una nación equilibrada con planes de futuro globales y viables a largo plazo. Un Aragón en España, lema de otra cumbre anterior, que esté en condiciones de seguir creciendo y desarrollándose, como lo lleva haciendo en los últimos quince años, pese a inversiones pendientes y pérdidas de población que afortunadamente empiezan a frenarse.

Aragón quiere y puede sumar mucho a la España del futuro, igual que lo hace ahora y lo hizo en el pasado. Tenemos un tejido productivo fuerte y preocupado por seguir creciendo. Contamos con una economía sólida que incluye realidades y proyectos con futuro. Estamos en el centro de las regiones que aportan el 75% del Producto Interior Bruto Español, que son los ejes de desarrollo situados entre el Cantábrico y el Mediterráneo, entre Madrid y Barcelona, y que constituyen el más pujante vector de desarrollo socioeconómico del Estado. Somos puerta entre Europa y África, aunque el permanente aplazamiento de las comunicaciones transfronterizas nos sigan impidiendo abrirla de par en par. En definitiva, tenemos mucho que aportar.

Eso sí, necesitamos, como el resto de Comunidades Autónomas del interior, que no se nos corten las alas con decisiones políticas y modelos de planificación que consagren el sacrificio de esta España interior frente al centro capitalino y el litoral turístico. Necesitamos una ordenación del territorio inspirada no por votos o por la premura de situaciones puntuales, sino por una concepción equilibrada y coherente del Estado, sostenida en el tiempo, que repercutirá, además, en una mayor eficiencia económica y como consecuencia en un incremento del bienestar social.

Por eso, los empresarios aragoneses estamos en contra de cualquier decisión que implique cercenar las posibilidades de desarrollo de un territorio a favor de otro, bien directamente o bien limitando su capacidad y recursos naturales para llevar a cabo proyectos empresariales generadores de empleo y riqueza, modernizar su sector primario, o atraer nuevas inversiones y asentar población.

Aragón, que comenzó el siglo XX agrupando al 6% de la población española, hoy no alcanza el 3%, y junto a las infraestructuras de comunicaciones anteriormente mencionadas, espera desde hace casi un siglo obras hidráulicas pendientes desde la Ley de 1915, el Pacto del Agua de 1992 y sus respectivas actualizaciones como los acuerdos alcanzados en la Comisión del Agua durante los años 2006 y 2007. Pese a ello, nuestra economía crece, pero la cuestión es si podría hacerlo más sin estas limitaciones.

En este contexto, Aragón, que vive cada verano el contrasentido de que algunas localidades dependan de camiones cisterna para tener agua mientras ven pasar el río a las puertas de sus casas, es totalmente sensible a necesidades humanamente prioritarias como a la que se enfrenta ahora Barcelona y que requieren medidas excepcionales que no generen derechos concesionales de cara al futuro. Sin embargo, como aragoneses y como empresarios estamos en contra de cualquier trasvase sin consensuar previamente con todas las Comunidades Autónomas un nuevo Plan Hidrológico que analice sus necesidades y alternativas. De otro modo, constituiría un compromiso permanente perjudicial para Aragón y convertiría en papel mojado el nuevo Plan Hidrológico de Cuenca que está elaborando en estos momentos la Confederación Hidrográfica del Ebro previa consulta a todos los agentes implicados en la materia.

Por ello, esperamos que desde el Gobierno Central se den rápidamente explicaciones claras acerca de este aparente trasvase y permanecemos expectantes ante las conclusiones de análisis jurídicos como los que acaba de encargar el Gobierno de Aragón, que sin duda arrojarán luz sobre la legalidad de esta actuación. Creemos conveniente una buena planificación a largo plazo que evite tener que recurrir a parches permanentes, con una política hidrológica que prime la eficiencia, combata despilfarros y malos usos, aproveche al máximo los recursos tecnológicos disponibles y no confunda el agua sobrante con la que hoy se vierte al mar.

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