Las Cámaras de Comercio aragonesas y la Universidad colaboran en la función consultiva

El Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio e Industria y la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza han firmado un convenio de colaboración para impulsar la función consultiva cameral, una iniciativa que contribuirá al desarrollo de propuestas para la defensa de los intereses de las empresas aragonesas.

Las Cámaras de Comercio ejercen por ley la función consultiva, actuando como órganos de consulta y colaboración con las Administraciones Públicas. El convenio entre el Consejo Aragonés de Cámaras y la Facultad de Derecho ayudará a que el sector empresarial aragonés gane representación en la toma de decisiones de la Administración a la hora de elaborar y desarrollar aspectos legislativos, normas, estudios, trabajos y acciones que afecten a los intereses generales del comercio, la industria y los servicios.

El Consejo Aragonés de Cámaras, tras un análisis previo de los asuntos sometidos a su consideración o que estime conveniente analizar, trasladará a la Facultad de Derecho sus inquietudes sobre el tema objeto de estudio. La Facultad de Derecho ofrecerá una opinión previa sobre el asunto que ayude, según el caso, a adoptar una decisión sobre cómo abordar el asunto y, en última instancia, la conveniencia o no de emitir informe proponiendo mejoras concretas.

Función consultiva

La función consultiva de las Cámaras de Comercio con las Administraciones Públicas se realiza a través de una doble vertiente: una función consultiva activa, consistente en la propuesta de cuantas reformas o medidas crean necesarias o convenientes para el fomento del comercio y la industria. Por otra parte, también se realiza una función consultiva a solicitud de las propias Administraciones -en muchos casos preceptiva-, emitiendo informes sobre los proyectos de normas en trámite y que afecten directamente a los intereses empresariales.

Entre las últimas iniciativas de las Cámaras de Comercio en este ámbito se deben enmarcar las propuestas de actuación económica para la nueva legislatura a los partidos políticos, de manera que en los próximos cuatro años el país pueda mejorar su competitividad. La intención es que los partidos conozcan las inquietudes y necesidades de las empresas españolas sobre los factores de su entorno que afectan sensiblemente a su capacidad competitiva. Pero también son propuestas que se lanzaron al conjunto de la sociedad, con el objeto de fomentar el debate sobre cuestiones muy trascendentes para el nivel de bienestar de los ciudadanos.

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