El informe jurídico aragonés concluye que la cesión de agua a Barcelona "no es trasvase"

El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, ha anunciado que ya ha recibido el primer informe jurídico solicitado por la Comunidad sobre el trasvase a Barcelona, pero no ha tenido tiempo de leerlo a fondo. Recordó que está pendiente el informe encargado por el Gobierno de Aragón a la Comisión Jurídica Asesora e indicó que entonces el Ejecutivo aragonés "tomará las decisiones que correspondan".

Los partidos aragoneses de la oposición, PP, CHA e IU, coincidieron en rechazar el informe de los servicios jurídicos del Gobierno aragonés, que no considera un trasvase la transferencia de agua desde Tarragona a Barcelona, y señalaron que está hecho a medida del ejecutivo autonómico.

El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, explicó, según Efe que el informe de los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico sobre la cesión de agua a Barcelona "no discrepa fundamentalmente" de los del Estado, que indican que no vulnera el Estatuto aragonés porque no prevé captaciones de agua del Ebro adicionales a las ya existentes.

Iglesias indicó que el informe ya se ha recibido, aunque no ha tenido tiempo de leerlo "a fondo", está "bastante en la línea del informe que hicieron los servicios jurídicos del Estado", aunque "es más completo".

LA CESIÓN DE AGUA NO ES TRASVASE"

Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón consideran que la cesión de agua a Barcelona no es un trasvase ni una transferencia de recursos hídricos sino una conexión de sistemas y concluyen que no concurren causas que justifiquen la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.

Así lo indica el informe en el que analiza el Decreto-Ley, aprobado el pasado 21 de abril, el alcance y naturaleza jurídica de las medidas que recoge y las afecciones que pudiera tener en relación con lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Aragón.

Concluye que la medida adoptada no puede considerarse jurídicamente una "transferencia de recursos hídricos" ni un "trasvase", sino "una conexión de sistemas dentro de la misma Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Internas de Cataluña".

Considera además que el decreto garantiza que se trata de medidas excepcionales y urgentes y que no se efectúa ningún incremento de volúmenes de agua del Ebro a las Cuencas Internas de Cataluña.

También que la infraestructura prevista desde Tarragona hasta el área metropolitana de Barcelona no afecta a la Comunidad Autónoma de Aragón, ni a la demarcación hidrográfica del Ebro y por tanto no es preceptivo la emisión del informe previo.

En cuanto a la cesión de derechos al uso del agua, recogidas en el artículo 3 del decreto, el informe señala que la Comunidad Autónoma de Aragón deberá informar preceptivamente sobre cualquier contrato de cesión de derechos que se pretenda, de acuerdo al artículo 72.3 del Estatuto de Autonomía.

Los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón remitieron su informe al consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Velasco, al presidente de las Cortes de Aragón, Francisco Pina, y al de la Comisión Jurídica Asesora, organismo al que el Gobierno de Aragón también ha encargado un informe que está pendiente.

 EL DECRETO-LEY DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO

La Abogacía del Estado defendió en un informe que el decreto-ley para garantizar el abastecimiento de agua a Barcelona está justificado en una necesidad extraordinaria y urgente y no vulnera el Estatuto de Aragón porque no prevé captaciones de agua del Ebro adicionales a las ya existentes.

No obstante, Iglesias recordó que está pendiente el informe encargado por el Gobierno de Aragón a la Comisión Jurídica Asesora e indicó que entonces el Ejecutivo aragonés "tomará las decisiones que correspondan".

En cuanto a que pueda hacerse la obra con independencia del estado de los pantanos en Cataluña, Iglesias hizo hincapié en que eso no lo prevé el decreto y "estaría muy mal dicho" si así lo ha manifestado el Ejecutivo catalán.

No incrementa en un solo litro"

El decreto dice, recalcó, que es una obra provisional y de emergencia, que "no incrementa en un solo litro" los derechos que se detrayeron del Ebro en 1981 y no posibilita que se desarrolle la obra si cambian las condiciones. En ese sentido aseguró que el decreto sólo tiene vigencia hasta la puesta en marcha de la desalinizadora de El Prat y si se mantienen las condiciones climáticas actuales.

Si alguien del Gobierno catalán ha dicho lo contrario, agregó, "no tiene nada que ver con lo que dice la ley", que es la que ha de cumplirse y no "los comentarios".

No obstante, reiteró respecto al decreto que mantiene su preocupación en cuanto a la compra de derechos de agua, una cuestión que el Gobierno de Aragón ha recurrido ya en dos ocasiones ante el Tribunal Constitucional, en 1999 y en 2001, ya que, además de estar en contra de los trasvases, el Gobierno aragonés también rechaza que se abra "el mercado del agua".

Por otra parte, afirmó que no le parece "mal" la reversibilidad de la tubería para que llegue a Tarragona agua desde la planta desalinizadora de El Prat para resolver un problema en un momento de dificultad sin necesidad de recurrir al Ebro.

En cuanto a la reunión de más de trescientos alcaldes del PP de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía mañana en Orihuela (Alicante) para reclamar el trasvase del Ebro, Iglesias opinó que comparar la resolución de un problema de emergencia durante unos meses con un trasvase permanente de más de 1.000 hectómetros cúbicos "no tiene ni pies ni cabeza".