El GA intenta dar el “golpe de gracia” al trasvase catalán

José Ángel Biel

El Consejo de Gobierno ha aprobado el inicio de acciones legales contra el Real Decreto Ley de medidas excepcionales de abastecimiento de Barcelona y contra el Decreto de adopción de medidas excepcionales y de emergencia en relación con la utilización de los recursos hídricos aprobado por la Generalitat de Catalunya. El gobierno central también ha comenzado a abrirse a la posible derogación del Decreto, mientras que a Cataluña, tras las últimas lluvias, se le acaban los argumentos basados en la situación de emergencia.

En todo caso, y según señala el Ejecutivo Aragonés, ante la falta de respuesta por parte del Gobierno central y de la Generalitat al reciente requerimiento del Gobierno de Aragón para que se reconozca el fin de la emergencia que justificó la aprobación por vía de urgencia del Decreto Ley, el ejecutivo aragonés entiende que es necesario emprender acciones judiciales, y así lo va a hacer.

Lo cierto es que el Portavoz del Gobierno Central, José Antonio Alonso, no ha descartado la derogación del Decreto, tras las últimas lluvias. Tampoco lo han descartado fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, aunque también han recordado que dicha suspensión llevaría consigo un coste económico al estar adjudicadas las obras.

Los próximos días serán fundamentales, ya que el gobierno ha encargado un informe en el que se detallará la situcación real de las cuencas internas de Catañuña, informe que servirá para que el ejecutivo de Rodríguez Zapataero derogue o mantenga vivo el Decreto.

En Cataluña se sigue defendiendo la oportunidad de las obras, aunque ya no se emplean argumentos basados en la falta de agua. Ahora se dice que la tubería diseñada entre Tarragona y Barcelona podría utilizarse en futuros episodios de sequía. Incluso el Alcalde de Barcelona ha llegado a usar el argumento de que en el futuro, y ante una situación de falta de agua en Tarragona, se podría abastecer esta última ciudad desde la desaladora del Prat.

Sin embargo, según la DGA, las recientes lluvias registradas en Cataluña han provocado un espectacular crecimiento de las reservas hídricas de las Cuencas Internas de Cataluña registrando un índice del 44% en el sistema Ter-Llobegrat, el que abastece al área metropolitana de Barcelona. El Gobierno Aragonés entiende que los 270 hectómetros cúbicos de los que dispone Barcelona justifican el fin de la emergencia, motivo que deja sin cobertura legal el real decreto ley que en su disposición adicional contemplaba como causa de suspensión de las medidas excepcionales la entrada en funcionamiento de la desaladora del Prat, prevista para dentro de un año, o la finalización de la emergencia, como así ha sucedido.

En su comparecencia ante los medios de comunicación posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, el Vicepresidente y Portavoz del ejecutivo, José Ángel Biel, ha destacado que Barcelona cuenta con el doble de reserva hídrica que cuando se promulgó el decreto ley y que cuenta con una cantidad suficiente para garantizar el suministro de Barcelona hasta la entrada en funcionamiento de la desaladora que cubrirá el posible déficit de la cuenca.

Biel ha informado que se ha encargado a los servicios jurídicos del ejecutivo el inicio de todas las acciones legales necesarias para frenar la construcción de la tubería y que se solicitará la suspensión cautelar de la obra al no existir ya motivos de urgencia, lo que deja sin cobertura legal el decreto ley y, consecuentemente, todos los actos que se realicen al amparo de dicho decreto ley son ilegales.

El Vicepresidente ha anunciado que se recurrirá el convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat, la posterior adjudicación de la obra y todos los posteriores actos administrativos que se realicen en los próximos días, como las expropiaciones previstas. 

Por otra parte, el Gobierno de Aragón también recurrirá el decreto de la Generalitat del pasado quince de mayo en el que modifica los criterios fijados en un decreto anterior, de 2007, para determinar el nivel de emergencia y alerta de las cuencas que ahora se basan en criterios cuestionables y poco objetivos. Biel ha señalado que es evidente que ese decreto afecta a los derechos de las personas por lo que debería contar con el preceptivo informe de la Comisión Jurídica Asesora, algo que no nos consta que se haya hecho. El portavoz del gobierno aragonés ha insistido en la subjetividad con la que el ejecutivo catalán ha variado dichos criterios para negar la evidencia de que ha finalizado la emergencia que justificó la aprobación del decreto ley.

Comentarios