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Derogado el trasvase del Ebro a Barcelona

El Consejo de Ministros ha derogado el Real Decreto-Ley que regulaba la conducción temporal de agua a Barcelona desde Tarragona al no existir ya la situación de "extraordinaria necesidad" y de emergencia que motivó su aprobación el pasado 18 de abril. El Presidente de Aragón ha mostrado en la localidad zaragozana de Paracuellos de Jiloca su satisfacción por la derogación del Decreto para la conducción de aguas a Barcelona que ha tenido lugar durante el Consejo de Ministros. Marcelino Iglesias ha declarado acerca de las necesidades de agua de otros territorios que "la solución a los problemas de Levante no viene de los trasvases" y que "nuestro Estatuto de Autonomía nos obliga a estar vigilantes".

La Ministra, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien ha confiado en llegar a un acuerdo con las empresas adjudicatarias la próxima semana, para que la derogación del decreto "no tenga coste para las arcas públicas y para los ciudadanos".

De la Vega ha subrayado que "de justicia fue ponerlo en marcha en honor a la igualdad de todos los españoles y de justicia es derogarlo, cuando ya no es necesario".

Con el Real Decreto, convalidado por el Congreso el 29 abril, se afrontó una situación de emergencia "adoptando con la antelación suficiente las medidas necesarias" para evitar restricciones de agua para el consumo humano a más de cinco millones de personas del área metropolitana de Barcelona, ha informado el Gobierno.

Su aprobación se produjo ante la eventualidad de que se mantuvieran los valores prácticamente inexistentes de precipitaciones en Cataluña.

Fernández de la Vega ha explicado, según Efe, que ya se han paralizado los 700 expedientes de expropiación que se habían iniciado y han comenzado de manera formal conversaciones con las empresas adjudicatarias de la obra.

Además, ha asegurado que está previsto utilizar el material que está disponible para otras obras "acordes con el interés público".

Llegó la lluvia

Las abundantes lluvias registradas el pasado mes de mayo, muy superiores a las habituales en esta época del año, han permitido superar las circunstancias de extraordinaria necesidad que motivaron su aprobación y, en consecuencia, su pérdida de vigencia, tal y como se establece en la Disposición final tercera de esta norma.

Así, los volúmenes embalsados en las cuencas internas de Cataluña han pasado entre el 15 de abril al 5 de junio de 149 hectómetros cúbicos, es decir, el 20,14 por ciento de su capacidad total, a 374 hectómetros cúbicos -el 53,8 por ciento-, lo que supone un incremento del 151 por cien en dicho periodo.

Por su parte, el Sistema Ter-Llobregat, que abastece a más de cinco millones de personas en la provincia de Barcelona, presenta una variación todavía más acusada en relación con las cuencas internas en el mismo periodo de tiempo.

La reserva de agua en este sistema ha pasado de 129 hectómetros cúbicos, un 21,1 por ciento de su capacidad, a 342,25 hectómetros cúbicos -un 56 por ciento-, lo que supone un incremento del 165,3 por ciento en el mismo periodo.

Las previsiones apuntan a que las reservas en este sistema en la segunda quincena de este mes sobrepasen los 359,5 hectómetros cúbicos, ya que, aunque las precipitaciones excepcionales no se mantengan, la inercia hidrológica del sistema y la escorrentía seguirán aumentado los niveles de agua los próximos quince días.

El pasado martes, el Gobierno catalán levantó las restricciones que impedían llenar piscinas, regar jardines o lavar el coche en el área metropolitana de Barcelona, aunque continúan en un total de 49 municipios de la cuenca catalana del Muga, y dos cuencas -la del Segura y la del Júcar-, siguen en una situación critica.

Durante todo el proceso de toma de decisiones para hacer frente a la situación de emergencia y garantizar el abastecimiento de las poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de Barcelona, el Estado y la Generalitat de Cataluña "han cooperado estrechamente de acuerdo con el principio de lealtad institucional", informa el Gobierno.

 
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