Continúan las movilizaciones de los funcionarios de la Administración General del Estado

Los sindicatos UGT, CC.OO. y CSIF han convocado un calendario de movilizaciones en la Administración General del Estado (AGE) para exigir al Gobierno unas retribuciones dignas y sin pérdida de poder adquisitivo para los empleados públicos durante 2009, así como la aplicación de la jubilación parcial y la negociación del desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Estas movilizaciones han comenzado este miércoles, y tendrán su continuidad el día 26 con una manifestación y actos de protesta en la Plaza de Cervantes. Esta convocatoria afecta en la provincia de Huesca a unos 700 trabajadores.

Los sindicatos reclaman a la Administración la convocatoria inmediata de una reunión de la Mesa General de Negociación de la AGE para iniciar un proceso negociador que permita la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.

En este sentido, las tres organizaciones sindicales convocantes de las concentraciones consideran que el proceso de negociación colectiva, tanto sobre incremento de retribuciones como de mejoras generales de condiciones de trabajo, se presenta de forma poco alentadora.

“A la publicación realizada por los medios de comunicación respecto a que nos encontramos en un periodo de desaceleración de la economía”, subrayan los sindicatos, “se han sumado inmediatamente los representantes de la Administración, que aprovechando la ocasión anuncian que las retribuciones de los empleados públicos y la oferta de empleo no tendrán un lugar importante en la distribución de los PGE 2009”.

A juicio de los sindicatos, resulta evidente que a los representantes de la Administración no les importa que los sueldos de los empleados públicos sean tan bajos y que este colectivo figure entre los que perciben menos retribuciones de todo el país. “Pero el asunto es mucho más grave”, indican los sindicatos, “ya que la dificultad no sólo es la falta de mejora salarial, ya que tenemos la sensación de que no se plantean ni la posibilidad del mantenimiento del poder adquisitivo”.

Otras reivindicaciones son  la jubilación parcial, que está siendo de aplicación para el personal laboral de todas las administraciones excepto en la AGE, y la denuncia de la política de externalización en la AGE, que está obstaculizando la  prestación de unos servicios públicos de calidad, y que parece que lo único que pretende es reducir el número de empleados públicos.

Finalmente, los sindicatos demandan la aplicación y desarrollo del EBEP mediante la publicación de una Ley de Función Pública para la AGE, lo que requiere una negociación previa con los sindicatos que permita que los modelos de carrera administrativa y evaluación que recoja dicha ley incluyan los acuerdos que al respecto adopten la Administración y las organizaciones sindicales.

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