CHA se opone a la nueva directiva europea sobre inmigración ilegal

El Grupo Municipal de CHA en el Ayuntamiento de Huesca ha presentado una moción para aprobar por el pleno municipal en la que indica que el consistorio trasladará al Gobierno del Estado Español su enérgica oposición a esta Directiva por entender que restringe derechos y libertades de las personas recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vulnera los principios democráticos y consolida el racismo institucional.

El pasado 18 de junio se aprobó en el Parlamento Europeo la Directiva europea sobre inmigración ilegal con 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones.

 

Esta nueva Directiva, que propone unas normas comunes para la retención y expulsión de personas extranjeras “sin papeles” debe inscribirse en a lógica de endurecimiento adoptada a partir del Consejo Europeo de Tempere en 1999 y formalizada en el Programa de La Haya en 2004. Como precedente, la Directiva de 2005 sobre el retorno de extranjeros en situación irregular, ya entonces severa y modificada este mes de junio, introducía cuatro disposiciones sobre el retorno voluntario, la retención, la readmisión y los menores.

 

Desde Chunta Aragonesista estamos totalmente en contra de esta línea que se está imponiendo, puesto que esta aprobación implica legitimar una política comunitaria contraria a los Derechos Humanos, situación vergonzosa en una Europa que se autoproclama defensora y bandera de los valores democráticos.

 

Esta Directiva es defendida a partir de discursos y planteamientos descaradamente xenófobos, pero también a través de un discurso hipócrita mucho más peligroso que pretende hacernos creer que esta normativa es un paso adelante en la defensa de los derechos humanos cuando en realidad lo que hace es alentar el racismo.

 

Esta Directiva trata de legislar, por ejemplo, la duración de la retención en el interior del la UE fijando en 6 meses (art. 14) el periodo previo a la repatriación, ampliable hasta 18 meses. Así mismo, estas medidas vienen acompañadas del cerrojazo que supone incluso no poder volver a entrar en los países miembros de la UE hasta que hayan transcurrido 5 años o más en determinadas circunstancias. Se trata, en definitiva, de institucionalizar la inmigración como un delito. En cuanto a los menores, la Directiva establece que podrán ser retenidos durante el mismo tiempo que los adultos, no en establecimientos penitenciarios ordinarios pero sin explicar en qué lugares serán retenidos.

 

Nos encontramos ante uno de los más tristes y vergonzosos episodios de la historia europea contemporánea. No solamente se está legitimando la privación a las personas inmigrantes de unos mínimos derechos, sino que toda la ciudadanía europea estamos perdiendo parte de los nuestros al perder en garantías democráticas y justicia social.

  

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