Los sindicatos piden "toda la verdad" sobre Mildred

Los sindicatos piden en el caso Mildred una línea de actuación seria, que no suponga más pérdida de tiempo y que permita paliar los efectos negativos del cierre de esta factoría. Consideran que la titular del Juzgado número 2 de Huesca ha de fijar los daños y perjuicios provocados por el empresario Eusebio Lázaro, con una cantidad económica no testimonial sino que permita compensar a trabajadores y empresas acreedoras. Además, los sindicatos piden "toda la verdad" sobre el proceso seguido en Mildred; solicitan un encuentro con los administradores concursales; con los consejeros de Industria y Economía del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga y Alberto Larraz; con representantes municipales; y con los partidos de la oposición.

Arancha García Carpintero, secretaria general de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras en Huesca, habla de "tomadura de pelo en la actitud de Eusebio Lázaro" y añade que "Mildred no nace ni muere con este empresario". Pide que se retomen otras ofertas, especialmente la del empresario Antonio Heras (que "mostraba más seriedad y disposición").

García Carpintero va a pedir información al Gobierno autónomo sobre por qué se confió en Eusebio Lázaro y sobre las medidas que se van a adoptar de cara al futuro; también se quiere reunir de forma urgente con los administradores concursales, rechazando frontalmente la liquidación de la empresa y su subasta de forma troceada.

Comisiones Obreras y USO han convocado una asamblea informativa para este miércoles a las 19:00 horas en el salón de actos de Cruz Roja Española en Huesca.

Ángel Laguarta, secretario provincial de UGT, recuerda la "falta de transparencia y el oscurantismo que ha habido en todo momento en torno a la oferta realizada por Eusebio Lázaro". Por este motivo, pide a los administradores concursales y al Gobierno de Aragón toda la información que tengan, y qué opinión y actitud se va a tener sobre la petición de los inversores, encabezados por Eusebio Lázaro, para que se reduzca el precio de las instalaciones en 2,5 millones de euros (por el mal estado en el que se encuentran).

Laguarta opina que la cantidad que la jueza ha de establecer por daños y perjuicios no debe ser testimonial, sino que ha de compensar a los trabajadores afectados y también a las empresas acreedoras.