Las Cortes y el Poder judicial inciden en la necesidad de armonizar el Derecho procesal

Los miembros del Gobierno, Judicatura y Fiscalía, han presentado la declaración que recoge la esencia del cuarto encuentro celebrado en San Juan de la Peña. José María Gimeno y Miguel Ángel Gimeno han expuesto un documento que pretende “mejorar la Europa Social”.

“Sólo impulsando una idea de Europa, como orden político de libertad y efectiva justicia, se resolverán los efectos políticos y sociales negativos imputables a la globalización. Por ello, es necesario que se lleve a cabo un proceso de armonización del Derecho penal procesal”. Con esta declaración leída por el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, José María Gimeno Feliu, se ha cerrado el IV seminario “Estado de Derecho, Justicia y Derechos Fundamentales en la Constitución Europea”, organizado por las Cortes de Aragón y el Poder Judicial. Durante dos días, miembros del Gobierno, Judicatura y Fiscalía, han abordado aspectos del Tratado de Lisboa, han puesto en común intenciones para mejorar las políticas comunes en Europa, y han mostrado su intención de seguir trabajando para garantizar los derechos penales de los ciudadanos.

En el acto celebrado este año en la Hospedería de San Juan de la Peña, han participado el presidente del Parlamento aragonés, Francisco Pina, el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Diego López Garrido, el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Felix Azón Vilas, o el magistrado del Tribunal Supremo y director del Seminario, José Manuel Bandrés, entre otros de los abogados, fiscales y representantes de las instituciones que se han congregado en Huesca.

La presentación de la puesta en común de ideas ha sido expuesta también por el magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, Miguel Ángel Gimeno, quien ha abordado las cuestiones relacionadas con la necesidad de crear un Código Procesal Europeo. Estas normas se articularán para “fijar unas garantías mínimas y evitar un retroceso en los estándares aceptados mayoritariamente, como el ya reconocido estatuto de la víctima”. Gimeno ha puesto de relevancia que “los menores de edad, las víctimas de violencia machista, las víctimas del tráfico de personas, discapacitados y presos” son este sector más frágil sobre el que hay que tener especial consideración.

 

Como condición esperanzadora para avanzar hacia la Europa Democrática y Social, los miembros del Gobierno, Judicatura y Fiscalía, muestran su fe en la Ley como herramienta de trabajo que debe ser controlada por los Tribunales, y consideran necesaria “la elaboración de un sistema procesal uniforme que integre institutos y mecanismos procesales de salvaguarda efectiva de derechos y libertades”.

A fin de hacer efectiva la idea de la Europa Social, los ponentes del encuentro solicitan “un refuerzo del valor de la función del TJCE”, órgano para el que piden que actúe también como Juez constitucional. Asimismo, y “con el objeto de combatir el terrorismo y la criminalidad organizada”, uno de los aspectos negativos que los juristas han destacado de la globalización, reivindican “un esfuerzo de todos los países, que deben armonizar sus leyes sustantivas y procesales, articulando igualmente mecanismos de cooperación que eviten espacios de impunidad”. También consideran clave la formación e intercambio de información entre todos los agentes jurídicos con el fin de avalar “la confianza de los distintos sistemas nacionales y de las autoridades judiciales”.

Si la secretaria segunda de la Mesa de las Cortes, Ana Grande, fue la encargada de inaugurar el seminario, el presidente de la institución civil de Aragón, Francisco Pina, ha clausurado el encuentro en el que ha destacado que “los parlamentos territoriales deben ser un eslabón importante en la cadena de construcción de la Europa de los ciudadanos”.

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