Ana Fernández destaca la nueva etapa que se abre en materia de servicios sociales con el recién aprobado Proyecto de Ley

La consejera de Servicios Sociales y Familia, Ana Fernández, ha inaugurado unas jornadas organizadas por UGT-Aragón para analizar el desarrollo normativo de los servicios sociales, reflexionar sobre esta materia y conocer las nuevas legislaciones de otras comunidades autónomas. Unas normativas a las que se suma el Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Aragón, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 23 de septiembre y que ya ha sido remitido a las Cortes de Aragón para su correspondiente tramitación parlamentaria.

Durante su intervención, la consejera ha recordado que la nueva normativa va a constituirse como el elemento central y vertebrador de toda la política autonómica en materia de servicios sociales, al tiempo que ha subrayado que se trata de una ley que va a marcar una nueva etapa en esta materia, con cambios cualitativos importantes. “Uno de estos cambios es la configuración de los servicios sociales desde la perspectiva del derecho subjetivo, lo cual significa que todos los ciudadanos tendrán acceso a los mismos”, ha apuntado.

La responsable de Servicios Sociales y Familia ha recordado que la finalidad de esta normativa es adaptar la legislación al nuevo contexto social, puesto que la actual ley era de 1987. Entre los motivos que han provocado la aprobación de este texto destacan el nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón (ya que contempla el desarrollo de un sistema público de servicios sociales dentro de la competencia de la acción social, exclusiva de la Comunidad Autónoma), los cambios sociodemográficos que se han producido (nuevos modelos de familia, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, el envejecimiento o las migraciones introducen nuevas demandas), la adaptación a la nueva estructura comarcal o la reciente aprobación de la Ley de promoción de la autonomía y de atención a las personas en situación de dependencia.

Asimismo, ha destacado el proceso de participación que ha caracterizado su elaboración y que ha implicado a los agentes sociales y a las diferentes entidades (más de 200) relacionadas con el sector.