Cartas al Director: De nuevo, la Telefonía Móvil, en el candelero.

ALFONSO IBÁÑEZ.

Licenciado en Ciencias Físicas.

Socio de GEA (Asociación de Estudios Geobiológicos)

En España, los límites de exposición a los campos electromagnéticos se regulan por el Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre de 2001, siguiendo la recomendación 1999/519/CE del Consejo de Ministros de Salud de la Unión Europea. La regulación sirve para evitar efectos térmicos producidos por las radiaciones. Las alegaciones, durante el período de exposición pública, al Real Decreto en el sentido de considerar los efectos no-térmicos sobre la salud, insuficientemente estudiados, pero ya con evidencias científicas que aconsejaban disminuir dichos límites de exposición en una elemental aplicación del principio de precaución, fueron desestimadas. La alerta social creada (efectos paisajísticos aparte) se mitigó al considerar que no había pruebas concluyentes que relacionaran efectos sobre la salud provocados por las radiofrecuencias. Hacían falta estudios epidemiológicos y por tanto se hablaba de estudios que abarcaran un período de al menos diez años.

Desde entonces se han publicado más del 90 % de los estudios científicos relacionados con las consecuencias biológicas sin que se hayan modificado las recomendaciones ni las normativas.

El día 8 de Octubre de 2008 se dio a conocer el informe preliminar del estudio internacional INTERPHONE realizado por Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer dependiente de la Organización Mundial de la Salud. El estudio es el mayor realizado hasta la fecha y reúne los datos de trece países (Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia y el Reino Unido). Se utilizó un protocolo común que analizó cuatro tipos de cánceres. Los estudios demuestran que el uso de móviles durante un período de diez años o más, puede provocar el desarrollo de varios tipos de cánceres; significativo es el caso de los gliomas (un tipo de cáncer en el cerebro) con aumentos en el riesgo de un 60 % y superiores.

El 17 de Septiembre de 2007 un grupo internacional de científicos, investigadores y profesionales de política para la Salud Pública (Grupo de Trabajo BioInitiative) hizo público en Informe BioInitiative: Una justificación para normas públicas de exposición a los campos electromagnéticos de muy bajas frecuencias (EBF y RF) basadas en los aspectos biológicos”. En el informe se resumen más de 1500 estudios dedicados a este tema y se constata que los límites gubernamentales actuales no protegen al público de los efectos desfavorables sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas (REM) que emanan de dispositivos tales como teléfonos móviles y de los dispositivos Internet sin cables y sus antenas asociadas. La mayoría de los límites existentes de esta forma de radiación están entre 1 a 4 mil veces por encima para proteger prudentemente a las personas contra efectos desfavorables sobre la salud como: enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, problemas de reproducción, desordenes del sueño, el aprendizaje y la memoria, la capacidad de regeneración celular disminuid, interferencias con el sistema inmunitario, cánceres y electro-hipersensibilidad.

La Agencia Europea para el Medioambiente contribuyó a este nuevo informe con el capitulo “Lecciones tardías de detecciones precoces: el principio de cautela 1896-2000”. La Agencia, pone de manifiesto que las exposiciones nocivas podrían extenderse antes de que existan las evidencias por las exposiciones a largo plazo, así como una comprensión biológica del daño que puedan causar: “Existen numerosos ejemplos en el pasado por no utilizar el principio de precaución, que condujeron a perjuicios serios y, a menudo, irreversibles sobre la salud y sobre el medio ambiente”.

Tan potencialmente perjudicial, o más, es el mal y excesivo uso que individualmente hacemos de nuestros teléfonos móviles y eso queda bajo nuestra responsabilidad. Lo que es una irresponsabilidad es no regular las radiaciones hasta límites para proteger a las personas prudentemente contra efectos desfavorables sobre la salud.

Países como Bélgica, Italia, y Austria ya adoptaron normas de emisión más exigentes (contaban con la misma recomendación europea que España) y es el momento de solicitar más restricciones a nuestra normativa para dejar de ser “conejillos de indias”. Si la comunidad científica está de acuerdo en que por debajo de ciertos límites no hay riesgo conocido hasta ahora para la salud de las personas, ¿por qué no se adoptan si técnicamente es posible hacerlo sin comprometer el desarrollo de la denominada “sociedad de la información”?

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