Sentencia firme: el estado deberá devolver a Aragón 30 millones de euros por las transferencias sanitarias

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia firme por la que estima el recurso de apelación presentado por la Comunidad Autónoma relativo al abono de los gastos correspondientes al personal de atención especializada del ejercicio 2001 y de los gastos farmacéuticos del mes de diciembre de ese mismo año, correspondientes a la gestión del INSALUD (hoy INGESA, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) en la Comunidad Autónoma.

El Gobierno de Aragón, en un acuerdo de Consejo de Gobierno del año 2003, acordó reclamar a la Administración General del Estado las obligaciones exigibles hasta el 31 de diciembre de 2001 derivadas de la gestión de la asistencia sanitaria por parte del INSALUD en la Comunidad Autónoma.

El acuerdo de traspaso de competencias, recogido en el Real Decreto 1475/2001, establecía que el cierre del sistema de financiación de la asistencia sanitaria para el periodo 1998-2001 sería asumido por la Administración General del Estado, señalándose que, a dichos efectos, se entendía como cierre del sistema la liquidación de las obligaciones exigibles hasta 31 de diciembre y pendientes de imputar a presupuesto, de los derechos exigibles a dicha fecha y de los recursos derivados de la liquidación de dicho modelo.

Sin embargo, la Comunidad Autónoma de Aragón para garantizar la continuidad de los servicios sanitarios tuvo que asumir obligaciones contraídas por los diferentes centros de gestión del Instituto Nacional de la Salud ubicados en Aragón, correspondientes al ejercicio 2001 y que no fueron imputadas al presupuesto del Instituto Nacional de la Salud para dicho ejercicio. Dichos gastos hacían referencia a la liquidación de incentivos del personal de Atención Especializada del ejercicio 2001 y a facturas de recetas médicas. El importe total asciende a 25 millones de euros, cantidad que la Audiencia Nacional ha dictado que debe abonar el Estado a la Comunidad Autónoma, junto con los intereses devengados desde entonces.

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