El Justicia de Aragón se suma a la declaración conjunta de los defensores del pueblo de España

Fernando García Vicente, justicia de Aragón, oct

 

El Defensor del Pueblo de España y los Defensores del Pueblo autonómicos, entre ellos, el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, han suscrito una declaración conjunta con motivo del 60 aniversario de proclamación, el 10 de diciembre de 1948, de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de Naciones Unidas.

 

En el texto, los defensores españoles se comprometen a seguir trabajando intensamente a favor de la Declaración de Derechos Humanos para lograr el máximo nivel de bienestar de los ciudadanos. En opinión de Fernando García Vicente, este trabajo se traduce en una atención al ciudadano cercana, profesional, rigurosa e independiente por parte de las Instituciones que supervisan las actuaciones y las políticas públicas de las administraciones

 

Algunas de las cuestiones sobre las cuales hace hincapié la declaración de los Defensores son el terrorismo, “un mal que hay que erradicar mediante la acción permanente, coordinada y sin desmayo”; las consecuencias de la crisis económica en muchos ciudadanos y familias, que intensificará la vulnerabilidad socio-económica y la exclusión social; la violencia machista; los problemas que afectan a niños, niñas y adolescentes, entre ellos, el incremento de las conductas agresivas en el ámbito escolar o los trastornos psíquicos derivados del consumo de alcohol y otras drogas; la necesidad de aumentar y coordinar los recursos dedicados a las personas mayores y enfermos mentales; la lucha contra la discriminación y la conveniencia de dotar con recursos suficientes a las fuerzas policiales garantes de la seguridad ciudadana, así como a la Administración de Justicia.

 

Asimismo, los Defensores reivindican el derecho a una buena administración, a un desarrollo económico y urbanístico sostenible y al acceso de todos los ciudadanos a Internet “evitando que se produzca o amplíe la denominada brecha digital”.

Respecto a los derechos fundamentales clásicos del Estado Social, los Defensores del Pueblo reconocen que el derecho a la salud tiene que “estar garantizado para todos los españoles en términos de igualdad y con la máxima calidad exigible”, lo mismo que el derecho a la educación que debe garantizar la igualdad de oportunidades y la atención precisa a las necesidades especiales.

 

Esta declaración conjunta se puede consultar en la web www.eljusticiadearagon.es

 

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