IU solicita en Las Cortes información sobre las ayudas públicas a Oscainox

El grupo de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, a propuesta de Trini Rincón, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Huesca, ha registrado varias preguntas a los consejeros de Industria y de Economía del Gobierno de Aragón sobre las ayudas y subvenciones recibidas por OSCAINOX.

La factoría, ubicada en Huesca y propiedad del grupo de capital de riesgo TALDE, presentó a finales de 2008 un Expediente de Extinción de Empleo, a pesar de haber recibido diferentes ayudas y subvenciones públicas según indica IU.

Ya en 2006 presentó un ERE que fue autorizado por el Gobierno de Aragón y que supuso la pérdida de 46 puestos de trabajo, a pesar de haber recibido una ayuda en concepto de subvenciones para inversiones productivas de 49.845,30 euros, además de firmar un convenio de colaboración con el INAEM.

Por ello, el portavoz parlamentario de IU, Adolfo Barrena, pregunta al consejero de Economía, Alberto Larraz, si OSCAINOX presentó un plan de viabilidad cuando solicitó autorización para el ERE en 2006 y, en caso afirmativo, si la DGA lo considero adecuado y si realizó un seguimiento del mismo. Además, demanda a Larraz información sobre el convenio de colaboración de la empresa con el INAEM, al objeto de conocer en qué consistía, cuál fue el seguimiento de la DGA y si piensa que los objetivos de este convenio se cumplieron.

En cuanto a las ayudas y subvenciones recibidas por OSCAINOX para inversiones productivas, Barrena formula al consejero aragonés de Industria, Arturo Aliaga, una pregunta para su respuesta escrita en la que, además de saber a qué las ha destinado la factoría oscense y si el Gobierno hizo un seguimiento de las mismas, demanda información sobre la explicación que ha dado la empresa al Gobierno de los motivos por los que, a pesar de las ayudas, ha presentado un ERE de extinción.

A su juicio “es responsabilidad del Gobierno conocer de primera mano la situación en la que se encuentran las empresas ubicadas en nuestro territorio y es su deber hacer un seguimiento de la actividad de las mismas porque, ante la actual crisis de empleo, es fundamental llevar a cabo actuaciones encaminadas a mantener los puestos de trabajo y evitar que las empresas que han recibido ayudas públicas puedan cerrar sus puertas o recortar sus plantillas en el primer momento en el que ven menguados sus beneficios”.

Comentarios