CHA plantea ordenanzas reguladoras de antenas de telefonía y contaminación lumínica

El Grupo Municipal de Chunta Aragonesista en el ayuntamiento de Huesca apoya el proceso de modificación de ordenanzas de Medio Ambiente pero pide que sea un proceso participativo en el que además de la opinión de los grupos políticos se haga extensivo a los agentes sociales de la ciudad. Consideran que se quedan fuera de la modificación aspectos importantes como la regulación en Huesca de la instalación de telefonía móvil y la contaminación lumínica.

Las ordenanzas que se van a modificar son la de protección de Medio Ambiente, control y tenencia de animales, la reguladora de la emisión y recepción de ruidos y vibraciones, la relativa a limpieza Urbana, la de Áreas Verdes y Arbolado Urbano y convivencia.

Ya en enero de 2001, Chunta Aragonesista propuso regular la instalación de antenas de telefonía móvil. Señalan que si su propuesta se hubiese tomado en consideración, se hubieran evitado conflictos actuales, cómo el problema que surgió con la antena del Palacio de Congresos.

Con respecto a la regulación de la contaminación lumínica, situación que esta formación política solicitó en el mes de agosto pasado, indican que la ciudad de Huesca no dispone de ningún instrumento para proteger el medio nocturno, por lo que puede observarse más de una intrusión lumínica que, excediendo a ninguna utilidad, invade zonas dónde causa molestias y perjuicios, tanto a la biodiversidad como a los habitantes.

Para Luis Gállego, concejal de CHA en el ayuntamiento de Huesca “queremos ser ambiciosos en este proceso que ahora se abre; modificar y actualizar las ordenanzas vigentes es necesario, pero también afrontar la regulación de nuevas materias, hoy imprescindibles, como son las antenas de telefonía móvil y la contaminación lumínica. El Equipo de Gobierno contestó en su momento a las propuestas de Chunta Aragonesista que era mejor esperar un momento más apropiado; creemos que éste es el idóneo para ello. Por otra parte el tiempo ha demostrado que es necesario tener criterios que eviten conflictos entre los ciudadanos y la administración”.