Novedades en la tarifa eléctrica doméstica

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Según la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa Consumidores y Usuarios (CEACCU), el Ministerio de Industria prepara un Real Decreto por el que deja fuera de la Tarifa de Último Recurso a dos millones de familias españolas. Esta tarifa será la única que se mantenga con precios regulados después del 1 de julio. La razón de ser de la Tarifa de Último Recurso (TUR) es cumplir con la Directiva 2003/54/CE obliga a garantizar el acceso al suministro de electricidad a precios razonables a todos los clientes domésticos. De prosperar esta iniciativa, el suministro de este grupo de consumidores pasará automáticamente a ser asumido por una comercializadora, aplicándole un precio un 5% superior y que se irá incrementando con el tiempo.

CEACCU denuncia la discriminación que supondría para un considerable número de consumidores domésticos, y muy especialmente a buena parte de los que tienen un contrato de suministro con discriminación horaria, que el tope de potencia contratada para acceder a la Tarifa de último Recurso (TUR) se establezca en los 10 kW. y no en los 15 kW. como estaba originalmente previsto. El número de contratos de consumidores domésticos afectados por esta exclusión oscilaría entre los 1,5 y los dos millones.

CEACCU, organización a la que pertenece FEACCU-Huesca, recuerda que la razón de ser de la Tarifa de Último Recurso (TUR) es cumplir con la Directiva 2003/54/CE, sobre normas comunes para el mercado de la electricidad, que obliga a garantizar el acceso al suministro de electricidad a precios razonables a todos los clientes domésticos. En esta línea, la Comisión Nacional de la Energía ya advirtió de los riesgos de exclusión de la Tarifa de Último Recurso para determinados consumidores domésticos si la referencia que se toma es la del término de potencia contratada o la de la energía consumida.

CEACCU también entiende, igual que la propia Comisión, que no está justificado que las condiciones del mercado aconsejen la exclusión de estos consumidores a la tarifa de último recurso, especialmente dada la situación de crisis económica. No tanto porque esta tarifa vaya a ser la más barata (en estos momentos se está negociando su cuantía, a espaldas de los consumidores, por otro lado) sino porque obligará a los consumidores excluidos a acudir al mercado liberalizado en busca de mejores ofertas.

En caso de no hacerlo (situación más previsible dada la premura de tiempo –el 1 de julio ya es efectiva la liberalización plena-, la falta de formación del consumidor medio y la deficiente información hasta ahora facilitada) el suministro de este grupo de consumidores pasará automáticamente a ser asumido por una comercializadora, aplicándole un precio un 5% superior y que se irá incrementando con el tiempo, tal como avisa el modelo de carta que las eléctricas harán llegar a los usuarios y que ahora Industria ha sometido a consulta.

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