Legalizada la fábrica de Magdalenas Heras en Monzón

El Ayuntamiento ha emitido un Decreto que legaliza la fábrica de “El Quiteriano, S.A.” (Magdalenas Heras) del barrio de la Carrasca. La empresa solicitó las licencias el pasado 6 de marzo. El Decreto se ampara en el informe favorable de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y los emitidos por los Servicios Técnicos Municipales. Por un lado, concede la licencia de instalación a la tercera línea de producción, y por otro las de apertura para la primera, la segunda y la tercera.

Magdalenas Heras trabaja en la Carrasca desde 1993 y nunca dispuso de licencia de actividad definitiva porque no terminó de cumplir el acuerdo urbanístico firmado con el Ayuntamiento, que la obligaba a urbanizar una parcela como zona verde. En 1995 recibía el primer requerimiento, y luego hubo otros. En octubre de 2003, el Ayuntamiento insistía, tanto en la urbanización de la zona verde como en “el acomodo de la actividad a la legalidad vigente, y sobre todo en materia de contaminación acústica”.

Al no recibir respuesta de la empresa, el Ayuntamiento iniciaba un expediente de cierre de actividad el 9 de junio de 2004, con plazo de audiencia de quince días. Se sucedieron varias reuniones sin resultado. El 2 de julio, representantes de “El Quiteriano” se comprometían ante el consejero de Industria a realizar las obras necesarias para cumplir la legalidad en el plazo de cuatro meses. Pasado este tiempo, el Ayuntamiento constataba que no se habían ejecutado los trabajos y, además, se había abierto una tercera línea de producción sin control administrativo alguno.

El 10 de noviembre de 2004, el Ayuntamiento decretaba el cese de la actividad de la fábrica de magdalenas. Las razones fueron la inexistencia de licencias de la tercera línea y las de inicio de la actividad de las otras dos, las inadecuadas condiciones del edificio (el vecindario sufría contaminación acústica, e incluso elevaba queja al Justicia de Aragón) y la no urbanización por la mercantil de la parcela destinada a zona verde. La empresa recurría el Decreto de Cierre ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y el caso llegó después al Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Los tribunales dieron la razón al Ayuntamiento en el caso de la tercera línea, entendiendo que era “substancial” (básica en el conjunto de la fábrica) y se abrió sin ningún tipo de licencia, ni siquiera de instalación, y en los de las otras dos, conminaron a la mercantil a acomodar la actividad a la legislación vigente en materia de seguridad y freno a la contaminación acústica.

La legalización es fruto del cumplimiento de todos los requerimientos, incluido el de la zona verde. “El Quiteriano” ha firmado la cesión al Ayuntamiento de la parcela situada junto a la fábrica y ha aportado una cantidad en compensación por unas pequeñas obras que restan por realizar.

El equipo de gobierno ha manifestado su satisfacción por la conclusión de un expediente “con más de quince años de historia”. Así mismo, ha recordado que desde hace dos años impulsa una campaña de regularización de más de 160 empresas y comercios que por las razones más dispares no disponen de licencia de actividad.

En general, las empresas y comercios que carecen del documento trabajan desde hace tiempo. Hay casos en los que el titular construía una nave y no instalaba el negocio hasta tiempo después, y cuando iniciaba la actividad no caía en la cuenta de que precisaba la Licencia. En otros, las causas fueron el mero desconocimiento de la normativa o las aperturas “momentáneas” que no desembocaron en expedientes definitivos. Según las apreciaciones de los técnicos, “no ha habido mala idea” y ha sido el paso del tiempo el que ha relegado al olvido el cumplimiento de la obligación.

En el inicio de la campaña, el equipo de gobierno comunicaba: “Se trata de una situación anómala que el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de resolver por dos motivos: porque todos los ciudadanos son iguales ante la ley en derechos y obligaciones, y porque las Licencias de Actividad suponen la mejor garantía de la idoneidad de las instalaciones, es decir, de su acomodo a las normas que velan por la seguridad y la salud de las personas. También nos incumbe la salvaguarda de las reglas de la libre competencia para que no haya agravios comparativos entre los que cumplen la ley y los que no”.