La Ley de Dependencia atiende al 43% de los dependientes con derecho a recibir prestación en la provincia

Desde que entró en vigor la Ley de Autonomía Personal y Dependencia, hace más de 2 años, casi 800.000 españoles han solicitado su valoración como dependientes. Este importante número refleja la magnitud de una ley difícil de abarcar y que hoy por hoy avanza, pero no sin polémica. Recientemente el Gobierno central ha aumentado un 19% la financiación de la ley en Aragón.

Las personas dependientes son las que necesitan permanente ayuda de otras para realizar las actividades básicas de la vida diaria, como por ejemplo el cuidado personal. Enfermedades mentales o discapacidades físicas causan que casi el 9% de la población española se considere dependiente, según datos del Instituto Nacional de Estadística, dato que se supera en nuestra Comunidad Autónoma. En la provincia de Huesca hay casi 5.500 personas con este derecho, de las que sólo están recibiendo algún tipo de prestación aproximadamente la mitad.

La Ley de Dependencia establece que todas estas personas tienen derecho a recibir ayudas por su condición de dependientes, y que las deben recibir antes de 2014. Esta ley se está implantando de forma gradual, y en estos momentos sólo debe llegar a las personas con un grado de dependencia más elevado. Esta ayuda es en forma de servicios, como por ejemplo una plaza en un centro especializado, o prestaciones económicas, opción por la que optan la mayoría porque aseguran que hay pocas plazas en centros de día o de noche, o en residencias, y que conseguir una plaza es muy difícil.

El nombre completo de esta legislación es “Ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia”, esto quiere decir que tiene como objetivo ayudar no sólo a las personas dependientes, sino también a otras personas que sin apoyo llegarían a ser dependientes, pero con ayuda tienen capacidad para ser independientes, es el caso de algunas disminuciones psíquicas como por ejemplo el síndrome de Down. Muchas de estas personas todavía no tienen derecho a una prestación de la Ley de Dependencia porque no tienen el grado de dependencia que por ahora abarca la ley, pero en 2014 se espera llegar a todas estas personas.

PROVINCIA ALTOARAGONESA

En la provincia de Huesca, 2.327 personas dependientes están recibiendo sus prestaciones. Por otro lado, el número de personas calificadas con derecho a recibir la prestación es más del doble, por lo que más de 3000 personas están esperando recibir su prestación. Dentro de las personas que reciben la prestación, 69 es en forma de plaza un centro de día, 280 prestaciones vinculadas al servicio, 1.312 prestaciones económicas para el entorno familiar y 666 tienen plaza en una residencia.

EL GOBIERNO CENTRAL INCREMENTA EL PRESUPUESTO PARA LA LEY

Con el cambio de dirección del Ministerio de Sanidad y Política Social, se ha decidido centrar la atención en el desarrollo de la Ley de Dependencia. El Gobierno central ha incrementado en un 19% la financiación para Aragón, respecto a lo aportado en 2008. Ahora, la comunidad dispondrá de más de 32 millones de euros para esta ley. 11’8 millones de euros de esta última partida, más casi seis más que ya se habían repartido en los primeros meses del año, más 15 millones del PlanE, para dinamizar la economía y el empleo.

UNA LEY CON POLÉMICA

Esta ley ha estado rodeada de polémica. Procesos burocráticos largos y que alargan una espera que a veces llega tarde, oficinas de información mal informadas o falta de plazas en centros especializados son algunos de los problemas que achacan los dependientes o sus familiares a la implantación de esta ley.

El sistema de valoración también se pone en entraducho por algunos colectivos, que aseguran que las pautas tienen en cuenta si la persona puede realizar tareas como la de comer sin necesitar ayuda, pero no valora de igual forma las disminuciones psíquicas. La ley sí tiene en cuenta explícitamente estas situaciones, pero quizás no se consideren como problemas de los grandes dependientes, sino de un nivel inferior que todavía no se está teniendo en cuenta.

Si confiamos en la ley cabe esperar que dentro de unos años cientos de miles de personas que necesitan ayuda la acaben recibiendo en forma de derecho reconocido por una ley nacional.

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