PSOE y PAR piden un segundo informe para el proyecto de Centro de Ocio de Alta Capacidad

Gran Scala , maqueta , dic 07

Los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón que apoyan al Gobierno autonómico, Partido Socialista (PSOE) y Partido Aragonés (PAR), han pedido en la Junta de Portavoces un segundo informe jurídico a la Cámara sobre el proyecto de ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que permitirá el desarrollo del macroproyecto de ocio y juego Gran Scala en Ontiñena (Huesca). Los portavoces de ambos grupos aclararaban que la petición de este segundo informe no influirá en la tramitación prevista del proyecto de ley, cuyo informe de la ponencia será votado este viernes en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de las Cortes de Aragón, para su debate definitivo en el pleno de la Cámara del jueves 25 de junio.

Los portavoces de ambos grupos, Jesús Miguel Franco (PSOE) y Javier Allué (PAR), anunciabann esta decisión en declaraciones a los medios de comunicación después de que el informe jurídico del letrado de la ponencia que ha debatido el proyecto de ley señale que podría cuestionarse la constitucionalidad de la norma en lo que se refiere a la capacidad del Gobierno de declarar de utilidad pública e interés social proyectos de esta naturaleza.

El portavoz del PSOE indicaba "Nosotros no vamos a apoyar una norma que va contra la norma de normas, así que solicitaremos un segundo informe de la Cámara", ha dicho Franco. Además, ha concluido que "nos parece negativo que no se quiera aprovechar cualquier oportunidad de desarrollo para Aragón" y que "haremos una ley que enmarque las posibilidades de desarrollo jurídico" de centros de ocio de alta capacidad.

No obstante, van a solicitar ese segundo informe para tener, "si cabe, mayor seguridad" porque "no queremos votar nada que sea difícil de entender por todo el mundo".

El portavoz del PAR Javier Allué sñalaba que "No tenemos ningún inconveniente en solicitar un segundo informe". Por otra parte ha dicho que "la tramitación sigue como está prevista y paralelamente se pedirá un informe que no será vinculante ni paralizará el proceso".

Allué agregaba que la sugerencia del letrado "es un párrafo de cuatro líneas que dice podría cuestionarse la constitucionalidad de la norma" en lo que se refiere a la capacidad del Gobierno de declarar de utilidad pública e interés social un proyecto de esta naturaleza, pero "no hace ningún tipo de argumentación jurídica más".

A su entender, los preceptos a los que hace referencia ese informe "no son inconstitucionales, en ningún caso", al tiempo que se preguntó si crear 3.000 puestos de trabajo no es de interés social, en referencia a la previsión de empleos que creará Gran Scala.

DISPONER DE UN MARCO JURÍDICO

El portavoz del PSOE explicó que los grupos políticos que apoyan al Ejecutivo "estamos intentando que el gobierno disponga una ley que enmarque las posibilidades de desarrollo" de los proyectos de ocio de alta capacidad "para que no vaya cada uno por donde quiera". "Nos parecería negativo no aprovechar cualquier situación de desarrollo", siempre que ésta sea "sostenible, legal, adecuada a la norma y constitucional", agregó.

Para Franco, "lo más malo" sería que un proyecto como Gran Scala "se hiciera en límite de Aragón, pero en otra Comunidad autónoma". Eso "me parecería un error y una frivolidad por parte de un gobierno", especialmente en el caso de Aragón, una región "con tan poca demografía y un espacio tan amplio".

GRUPOS DE LA OPOSICION

Eloy Suárez (PP) indicaba que "el PP avalará los artículos de esta ley que no plantean seguridad jurídica en esta ley y no lo haremos con aquellas que sí plantean inseguridad jurídica".

 

Chesús Yuste (CHA) señalaba que "La Ley sobre Centros de Ocio de Alta Capacidad vulnera algunos principios de igualdad", ha dicho el diputado. Además, ha manifestado que "el informe de los Servicios Jurídicos de las Cortes apuntan a cierta inconstitucionalidad, como ya planteó este grupo en el pasado pleno". Asimismo, ha indicado que "existe la posibilidad de recurrir al Defensor del Pueblo para poner en evidencia la constitucionalidad de la espina dorsal de esta ley, como señala el informe jurídico", una cuestión sobre la que Yuste ha dicho que están trabajando.

Adolfo Barrena (IU) apuntaba que " este proyecto de ley incumple una serie de leyes, entre ellas las recientemente aprobadas LUA y LOTA, además de la de comercio, juego en la Comunidad, Turismo. Por otra parte, Barrena ha indicado que "este proyecto de ley atribuye competencias que no pueden delegarse en el consorcio, porque son propios de la CCAA y de los ayuntamientos". Además ha añadido que "ahora que sabemos como queda este proyecto con las enmiendas aprobadas, nos mantenemos en nuestra línea de oposición, incluso de ir al TC o de poner en marcha otros mecanismos como el Gobierno Central, el Defensor del pueblo o una movilización ciudadana, convocada para el próximo martes". Incluso ha afirmado que se continuará con lo realizado en el Parlamento europeo. 

 

 

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