La Letrada Mayor de las Cortes respalda el informe que recomendaba correcciones técnicas de la Ley de Gran Scala

Cortes de Aragón, Debate, sep 08

La Letrada Mayor de las Cortes de Aragón, Vega Estella, ha entregado a la Mesa de las Cortes de Aragón un informe en el que respalda las correcciones que los Servicios jurídicos del GA habían realizado días atrás. En el mencionado informe también se dice que los informes jurídicos deben ser tenidos en cuenta, valorados, sopesados, pero no pueden sustituir la decisión política, por lo que deja la decisión final en el tejado político.

Hace unos días los Servicios Jurídicos de la DGA elaboraron otro informe en el que señalaban la necesidad de llevar a cabo correcciones técnicas sobre la Ley de Centros de Ocio de Gran Capacidad, también llamada comúnmente, Ley de Gran Scala. Ahora un segundo informe emitido por la Letrada Mayor de las Cortes respalda esas recomendaciones, habiendo sido remitido ya a todos los portavoces de los grupos parlamentarios.

El documento de la Letrada señala que “nunca un informe emitido desde la función de asesoramiento técnico jurídico puede sustituir la decisión política", a la vez que deja patente que "en modo alguno se puede equiparar una sugerencia de correcciones técnicas del letrado con la facultad de los diputados y los grupos parlamentarios de presentar enmiendas". Al respecto, indica que "como ordena nuestro Estatuto de Autonomía, los diputados legislan y como dice nuestro Reglamento, los letrados asesoran".

El texto también recoge que “el juicio sobre la constitucionalidad de un precepto sólo está encomendado en nuestro ordenamiento constitucional al Tribunal Constitucional", y resalta que, "en el caso que nos ocupa, el informe de correcciones técnicas emitido por el letrado fue visto por la Letrada Mayor y consideró que estaba ajustado a las correcciones técnicas habituales y redactado en los términos que aconseja la prudencia política".

"Ni la Presidencia de la Cámara, ni la Mesa de las Cortes, ni la Junta de Portavoces, ni la Ponencia y, en consecuencia, ninguno de los miembros que integran estos órganos, han tratado de influenciarnos a la hora de elaborar este informe", se subraya en el último párrafo del informe.

El dictamen desgrana en veintiún folios los argumentos jurídico-técnicos solicitados. En un apartado se argumenta la labor de asesoramiento de los letrados, basada en la autonomía funcional. "Es necesario -señala- poner de manifiesto la importancia del asesoramiento técnico-jurídico, pero al mismo tiempo ubicarlo en sus justos términos. Las correcciones técnicas que los letrados de este Parlamento venimos emitiendo desde lejanos tiempos persiguen llevar a cabo la tarea que tenemos encomendada, es decir, asesorar a la Ponencia".

El dictamen añade que los informes técnicos son "habituales", "en el caso que nos ocupa el Letrado ha emitido sus advertencias en el informe de correcciones técnicas -como ha sucedido en otras ocasiones-. Es preciso insistir: es normal que los letrados advirtamos cuando apreciamos indicios de inconstitucionalidad en los textos objeto de elaboración de tales indicios". El texto cita en su informe numerosos precedentes de advertencias de inconstitucionalidad frente a proyectos aprobados que posteriormente no fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional y también menciona leyes aprobadas sin advertencia de inconstitucionalidad en las que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional algún precepto. "La casuística es muy variada", se afirma.

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