La Ley de Servicios Sociales los reconoce como derechos subjetivos

La nueva Ley de Servicios Sociales ha sido aprobada en el pleno de las Cortes de Aragón. Esta ley derogará a la anterior Ley de Ordenación de Acción Social de 1987. Más de veinte años que la nueva ley recoge con novedades como el derecho del ciudadano a determinados Servicios Sociales que antes el Gobierno no tenía la obligación jurídica de cumplir. La oposición ha puesto sobre la mesa dudas sobre la suficiencia de su dotación presupuestaria o formas de financiación como las referentes a la externalización de servicios.

Tanto los partidos del gobierno como la oposición coinciden en que era necesaria esta ley, que estaba vigente desde 1987. Las bases teóricas que la Ley establece en este texto son “garantizar el derecho universal de acceso a los servicios sociales como derecho de ciudadanía para promover el bienestar social del conjunto de la población y contribuir al pleno desarrollo de las personas”. Asimismo, esta Ley pretende “ordenar, organizar y desarrollar un sistema público de servicios sociales y establecer los mecanismos de coordinación y de trabajo en red de todas las Administraciones Públicas integradas en el mismo, articulando la relación de dicho sistema público con el resto de las áreas de la política social”.

La Ley sólo ha sido aprobada en su totalidad por los grupos del gobierno (PSOE y PAR). IU propuso una enmienda transaccional para que se incluyese en el articulado principal de la norma y no sólo en determinadas prestaciones su valor como derecho subjetivo, y por lo tanto obligación del Servicio Público a proporcionarlo. Esta transacción ha sido la única aprobada por unanimidad.

Tras la aprobación en el plano de las Cortes, deberá comenzar la redacción del catálogo de derechos concretos que la Ley recoge. Para ello se abrirá un proceso de participación para recoger sugerencias de las entidades sociales implicadas.

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