CHA pide a la consejera Ana Fernández que se pronuncie sobre la privatización de los servicios sociales en los Monegros

Chunta Aragonesista quiere conocer qué opinión le merece a la Consejera de Servicios Sociales, Ana Fernández, la privatización de la gestión de los servicios de acción social en la Comarca de Los Monegros. La Fundación para la Acción Social de Los Monegros, creada por la Comarca para gestionar estos servicios, se ha privatizado al pasar su Patronato de una mayoría de representantes públicos a una mayoría privada.

“Estamos hablando de ayuda a domicilio, asistencias sociales, gestión de residencias y centros de día, servicios fundamentales”, ha explicado el portavoz de CHA en las Cortes, Chesús Bernal, “y es obligado que la Consejera responsable se pronuncie al respecto y explique si coincide con la posición del representante de su departamento en el Patronato, el director provincial del IASS, y de los miembros de su partido, el PSOE, que han promovido estos cambios y permitido con su voto favorable que se produjera esta privatización”.

En diciembre de 2008 se modificaron los Estatutos de esta Fundación para que el Patronato, entonces formado por 9 miembros y 6 de ellos representantes públicos (de la Comarca y el IASS), pasara a 13 con la incorporación de cuatro patronos de la Fundación Rey Ardid. Los representantes privados, entonces, pasaron a tener mayoría, 7 sobre 6, y dentro de ellos con una mayoría de la Fundación Rey Ardid. El propio gerente de la Fundación para la Acción Social, Eduardo Andrés, contratado en marzo, remitió una carta a las delegadas sindicales en la que señala textualmente que “se ha producido un cambio jurídico de la fundación, pasando de ser una fundación del sector público a una fundación privada”.

Entre las consecuencias de esta privatización, además de la pérdida de control público –a pesar de las afirmaciones del presidente de la Comarca, Manuel Conte, y sus vicepresidentes, de que el control público “es absoluto”-, está la reducción de al menos un 20% del sueldo a las trabajadoras, puesto que ya no se les aplica el Convenio Colectivo de la Comarca, y la revisión de las ordenanzas y las tarifas, previsiblemente al alza, que pagan los usuarios.