El GA reclama al estado la transferencia del 0,7% del tramo autonómico del IRPF dedicado a fines sociales

El Consejo de Gobierno ha acordado recurrir dos órdenes ministeriales que regulan la concesión de subvenciones y ayudas a entidades de interés social de carácter medioambiental, y destinadas a programas de cooperación y voluntariado. Ambas iniciativas se sufragan con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) dedicada a otros fines sociales.

La motivación del recurso es doble: por un lado se regulan subvenciones cuya competencia es autonómica y por otro se otorgan ayudas cuyos fondos proceden de la cuota cedida a las comunidades autónomas para su financiación, que en la actualidad es del 33%, sin su previo consentimiento ni capacidad de participación. Es decir, el Estado regula y gestiona subvenciones que incluyen partidas que deberían haberse trasferido a las comunidades autónomas.

El Ejecutivo aragonés planteará inicialmente un requerimiento al Estado para buscar una salida amistosa, pero en caso de que éste no sea atendido presentará un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias.

Igualmente, solicita al Estado la transferencia de la tercera parte de la recaudación del 0,7% del IRPF asignado a otros fines y la participación en la gestión del resto del fondo, ya que su regulación afecta directamente a competencias autonómicas recogidas en el Estatuto de Autonomía de 2007.

En este sentido, el requerimiento recuerda que la Comunidad Foral de Navarra aprobó el pasado mes de junio una ley por la que regula la asignación tributaria del 0,7% de los contribuyentes de su comunidad que destinan a fines de interés social en la que se fija el destino y los criterios, incluyendo fines no contemplados por el Estado como atención a  desempleados o apoyo al desarrollo de la autonomía personal.

Cooperación y voluntariado social

El Estatuto de Autonomía de Aragón establece la competencia exclusiva en materia de servicios sociales a través del artículo 71, que se refuerza tras la reciente aprobación de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma. Corresponde igualmente a la comunidad autónoma de Aragón la competencia de fomento de la actividad que permite fijar los objetivos, procedimientos y gestión de las subvenciones territorializables de la administración central y de la Unión Europea.

El Estado argumenta, en la orden 1352/2009 de 26 de mayo, que pretende garantizar la igualdad de los ciudadanos en un derecho que no está previsto de forma expresa en la Constitución, algo sobre lo que se ha pronunciado reiteradamente el Tribunal Constitucional en sentido contrario a que el Estado pueda establecer un régimen jurídico subvencional que afecte a competencias de las CCAA.

Sumado al conflicto competencial es necesario recordar que el Estado pretende gestionar subvenciones sufragadas, en parte, con fondos procedentes de las comunidades autónomas.   

 

Subvenciones de carácter medioambiental

El Ejecutivo aragonés recurrirá igualmente una orden de convocatoria de ayudas del Ministerio de Medio Ambiente y Medio  Rural y Marino de 5 de junio en la que pretende regular las subvenciones y ayudas para asociaciones declaradas de utilidad pública en proyectos que afecten a varias comunidades.

En este caso, se trata de una competencia compartida, aunque al Estado corresponde únicamente la legislación básica, mientras que a la comunidad autónoma corresponde el fomento de la actividad derivada del artículo 79 del EAA, el desarrollo legislatiuvo y ejecución, según el 75.3.

La única razón esgrimida por el Estado para atribuirse la competencia es el carácter supraterritorial, pero existe reiterada jurisprudencia del Alto Tribunal en la que deja claro que deben establecerse mecanismos de participación de las comunidades autónomas. Argumento reforzado por el artículo 70 del EAA que establece que la Comunidad Autónoma debe ejercer sus competencias sobre la parte del objeto situado en su territorio sin perjuicio de los mecanismos de colaboración que se establezcan.  

Al igual que en la anterior orden, el ministerio pretende gestionar un programa de ayudas con financiación que corresponde, en parte, a las comunidades autónomas.

Ingreso del 0,7%

El acuerdo del Consejo de Gobierno establece solicitar al Estado central el ingreso del 0,7% de la parte de cuota del IRPF que corresponde a la comunidad autónoma de Aragón al objeto de destinarlo a finalidades de interés social fijados por la propia comunidad autónoma.

Se requiere igualmente una nueva orden de subvenciones que incluya sólo la parte estatal del 0,7% respetando las competencias de la comunidad autónoma.

Por último, y en el caso de que fracase el requerimiento previo, se autoriza el recurso ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias. 

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