El Justicia de Aragón informa sobre el sistema de financiación autonómica

Fernando García Vicente, justicia de Aragón, oct

Fernando García Vicente, Justicia de Aragón, ha remitido al Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista (CHA) y al Gobierno de Aragón un Informe sobre el sistema de financiación autonómica realizado en respuesta a la queja que CHA presentó el pasado día 11 de agosto en la que expresaba su rechazo al último de los Acuerdos alcanzados sobre financiación autonómica.

En las conclusiones, el Informe expone que en este momento, Aragón tiene un subsistema especial de financiación incluido en el general, sin perjuicio de que se alcance otro distinto. El Estatuto de Autonomía de Aragón, no declarado inconstitucional y por tanto en vigor, concede apoyo legal al Gobierno de Aragón para solicitar que “se formalice” o reúna la Comisión Mixta especial prevista en el art. 108 del Estatuto. El objetivo de la Comisión es llegar a un convenio permanente que tenga en cuenta las especificidades de Aragón reconocidas en su Estatuto.

El Estatuto del 2007 dispone en el art. 107.5 que “la estructura territorial y poblacional y especialmente, el envejecimiento, la dispersión y la baja densidad de población, así como los desequilibrios territoriales” son características peculiares de Aragón, que deben de tenerse en cuenta en la asignación de recursos, para suplir los sobrecostes que origina la prestación de servicios públicos.

Si se analiza, con objetividad numérica, el sistema anterior y el nuevo, la mayoría de estas especificidades aragonesas han disminuido su cuota en el fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, porque Aragón tiene poca población, pocos jóvenes y mucha superficie y dispersión. También deben de tenerse en cuenta, aunque la comparación es más compleja, otras dos peculiaridades: el esfuerzo fiscal, en el que Aragón está por encima de la media nacional y los importantes desequilibrios territoriales que hay dentro de la Comunidad.

Este Fondo de Garantía representa el 80% de la cuantía total de lo que se trasfiere. Provenientes del mismo Fondo se reciben otros recursos y además, se financia a la Comunidad por otras vías: el Presupuesto General del Estado y distintos fondos de compensación. Asimismo, la financiación hay que relacionarla, según establece el Art. 158 de Constitución Española, con los principios de solidaridad, esfuerzo fiscal, volumen de servicios y actividades que se han asumido y de la garantía de un nivel mínimo de la prestación de servicios en todo el territorio español. Todos deben de tenerse en cuenta y valorarse en su conjunto. Si con ellos se garantiza un nivel de prestación semejante a otras Comunidades, o si en definitiva son suficientes o los mejores posibles, supone juzgar la acción política de Gobierno, y va mas allá del análisis de las especificidades que establece el Estatuto de Aragón, en su art. 108. Como hemos dicho en otros casos, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, la actividad política del Gobierno está fuera del control de esta Institución y de los Tribunales; debe de hacerse fundamentalmente en sede parlamentaria. Ahora bien, como el Estatuto de Autonomía de Aragón, a diferencia de otros, en su art. 59.b le confiere al Justicia de forma genérica la defensa del Estatuto de Autonomía manifestamos nuestro apoyo al Gobierno de Aragón para que llegue tan lejos como sea posible en la negociación de todos los recursos de financiación. De la misma forma que instamos a los señores Diputados aragoneses en las Cortes Generales a que asuman esta postura.

El Tribunal Constitucional, en reiterada y moderna jurisprudencia, ha establecido la competencia exclusiva del Estado para dirigir la política económica, la financiación autonómica y los criterios de reparto. También ha admitido que se aplique con una gran amplitud y tolerancia los requisitos estatutarios de reunirse en Comisión Mixta el Gobierno Central y los de las Comunidades. Si no se modifica esta doctrina del Tribunal Constitucional, el incumplimiento de las previsiones del Estatuto de Autonomía de Aragón no produce la inconstitucionalidad de la ley posterior que refrenda el acuerdo entre el Estado y la Comunidades Autónomas sujetas al régimen general de financiación. En consecuencia, de interponerse recurso de inconstitucionalidad sería improbable que prosperara.

Si la competencia exclusiva en financiación le corresponde al Gobierno Central la responsabilidad última es suya. Es un dato objetivo que Aragón, si se cumplen las previsiones recaudatorias, va a recibir más recursos que con el acuerdo anterior, pero menos proporcionalmente de lo que van a aumentar en otras Comunidades Autónomas. Es esta una dificultad adicional que no queremos dejar de resaltar. Hay que tener en cuenta que, tal y como se establece en la LOFCA, la no aceptación del acuerdo que se ofrece, supone la renuncia a los fondos de la nueva ley, recibiendo los anteriores que eran menores. En este proceso la autonomía de la voluntad o libertad de aceptar que tienen las Comunidades Autónomas se encuentra seriamente condicionada.

A la vista de todo esto, y dada la parquedad del texto constitucional y la forma en que el Alto Tribunal lo ha interpretado junto con la LOFCA, habría que valorar la posibilidad y conveniencia de desarrollar legislativamente nuestro Estatuto, mediante un acuerdo con el Estado, hacia un sistema de convenio más amplio que el actual. Conscientes de las dificultades que, por el momento, tiene alcanzar este objetivo, instamos a que se impulse, junto a otras Comunidades, un cambio del sistema de financiación autonómico general que, respetando los principios de igualdad, solidaridad, lealtad institucional y las peculiaridades de cada Comunidad Autónoma, especialmente todas las reconocidas a Aragón en su Estatuto, fije unos criterios mínimos de reparto que no dependan del número de votantes, conflictividad, afinidad política. En definitiva, de factores coyunturales o de política menor. En opinión de la Institución del Justicia de Aragón, el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas debería primar, tal y como se ha hecho en otros países como Alemania, la seguridad jurídica; el margen político en la distribución de los fondos debe coexistir con criterios consolidados. Por otra parte, dicho sistema tiene que evitar que, de facto o de derecho, se establezca un federalismo asimétrico.

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