Cada aragonés pagará unos 513 euros más por la subida de impuestos, según Gestha

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) estiman que la subida fiscal anunciada recientemente por el Gobierno se dejará sentir en el bolsillo de los contribuyentes aragoneses, que tendrán que desembolsar una media de 513 euros más al año. De acuerdo con las estimaciones realizadas por este colectivo, esta comunidad aportará una recaudación adicional de 306 millones de euros a las arcas del Estado, lo que supone el 2,79% de los ingresos extras que obtendrá el Estado por la reforma fiscal (unos 10.950 millones).

Gestha -que analiza de manera individualizada el impacto de la subida de los distintos impuestos- considera que las medidas fiscales incluidas dentro del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2010 tendrán un impacto "reducido" y no cubrirán el "agujero" del déficit público debido a su escasa potencia recaudatoria.

En relación a las rentas del ahorro, los Técnicos de Hacienda calculan que alrededor del 4,97% de los contribuyentes aragoneses que ganan más de 60.000 euros anuales, pagarán el 79,12% de la subida del tipo de gravamen del 18% al 19% anunciado por el Gobierno para los primeros 6.000 euros y, el resto, al 21%. En total, la Aragón recaudará unos 29 millones anuales extra por este concepto.

Por otro lado, Gestha considera que la supresión de la deducción de 400 euros en el IRPF afectará al 95,32% de los aragoneses que son los que ganan entre 9.000 y 60.000 euros. Los técnicos calculan que la eliminación de esta medida, anunciada en plena campaña electoral por el presidente Zapatero, supondrá una recaudación extra de 200 millones de euros en Aragón. 

En otro orden, los Técnicos de Hacienda estiman que la bajada de cinco puntos del Impuesto de Sociedades y su equivalente para los autónomos, no beneficiará en gran medida al sector empresarial aragonés, debido a la actual coyuntura económica que está dificultando la obtención de beneficios y, más aún, el mantenimiento del empleo.

Por este motivo, Gestha propone que la aplicación de esta medida temporal se aplace en el tiempo, de manera que las empresas puedan deducir este 5% (no en este ejercicio) sino en los ejercicios en los cuales se recupere el nivel de los beneficios ordinarios, premiando así el esfuerzo realizado por aquellas empresas más responsables socialmente en mantener y crear empleo en época de ‘vacas flacas'.

En Aragón, Gestha calcula que alrededor de 14.982 pequeñas empresas podrían acogerse, en principio, a esta medida por cumplir con los requisitos de facturación (hasta 5 millones de euros) y plantilla (25 empleados) fijados por el Gobierno.

De esta forma, la reducción del Impuesto de Sociedades supondrá un ahorro fiscal potencial de 22 millones de euros para las pequeñas empresas aragonesas, lo que representa economizar una media de unos 1.520 euros por empresa.

Por otro lado, la propuesta de subir el tipo general del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en dos puntos hasta el 18% y el reducido en un punto hasta el 8% supondrá que las empresas aragonesas pagarán unos 99 millones de euros más al año (que trasladarán a los ciudadanos "IVA incluido"), lo que supone que cada empresa aragonesa pagará una media de unos 786 euros más al año por el aumento del IVA.

Según los técnicos, quienes ganan menos de 30.000 euros (el 88,76% de los ciudadanos españoles) pagarán una buena parte de la subida del IVA, lo cual perjudicará el consumo que es una de las causas del desplome de la recaudación del IVA en 2009.

En opinión de este colectivo, la recaudación adicional de este tributo podría haberse conseguido sobre los impuestos especiales que gravan el tabaco, el alcohol, la cerveza o los hidrocarburos, cuya recaudación redundaría en beneficio de la salud pública y el medio ambiente.

Con el fin de paliar el "agujero" del déficit público, que ascendió a más de 60.000 millones hasta agosto, los Técnicos de Hacienda insisten en la necesidad de que se intensifique la lucha contra el fraude. Además, proponen al Ejecutivo la puesta en marcha de una batería de medidas con el fin de aligerar la carga impositiva de las clases medias y colectivos de menor poder adquisitivo como pensionistas y ‘mileuristas'.

1.     La eliminación de las ganancias patrimoniales especulativas (principalmente, inmobiliarias y sobre valores mobiliarios) del concepto de renta del ahorro.

2.     El restablecimiento del Impuesto de Patrimonio para 47.614 contribuyentes españoles que declaran un patrimonio individual neto de deudas superior a 1,5 millones de euros, lo que permitiría al Estado ingresar unos 1.240 millones adicionales.

3.     La modificación de la ley española de Instituciones de Inversión Colectiva para incluir un nuevo requisito que establezca un límite máximo de participación en una SICAV, con el fin de evitar los abusos de patrimonios familiares.

4.     La supresión de la tributación al 24% de los sueldos y primas de deportistas extranjeros de alto nivel para que tributen por el IRPF al igual que cualquier ciudadano residente en España.

5.     Nuevos impuestos y tasas medioambientales que graven las emisiones de CO2 de las empresas y particulares, el uso de combustibles fósiles, los residuos contaminantes o el empleo de bolsas de plástico, con importantes deducciones que favorezcan la innovación y la inversión en sistemas productivos más limpios.

6.     Autorizar a los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda a asumir mayores responsabilidades para reducir el fraude fiscal y mejorar el control del gasto público de manera que el nivel de economía sumergida en España -actualmente en el 23% del PIB- pueda converger con los países más avanzados de la UE, e incrementar la recaudación en 38.000 millones de euros anuales defraudados en impuestos y cuotas de la Seguridad Social impagadas.

7.     Mejorar el control de las subvenciones y ayudas públicas y el control del gasto público, eliminando la externalización de servicios que puedan ser realizados con el personal disponible.

8.     Adopción de medidas tendentes a contener y reducir el gasto en altos cargos de las Administraciones Públicas y del sector público empresarial, constituyéndose así en un ejemplo para el resto de los ciudadanos.

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