Entran en vigor las ordenanzas sobre telefonía móvil y peñas

Trascurrido el plazo de treinta días y sin que se hayan presentado alegaciones entran en vigor la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento especial del Vuelo,Suelo y Subsuelo del Dominio Público Municipal a Favor de las Empresas Explotadoras de Suministros (Telefonía Móvil) y la Ordenanza Reguladora de las Peñas de Fiestas.

La primera grava a las compañías de telefonía móvil por el uso del suelo y el subsuelo municipales y los vuelos de cables (infraestructura necesaria para las conexiones entre teléfonos fijos y móviles). El texto se fundamenta, precisamente, en el hecho de que las empresas utilizan para el ejercicio de su actividad las conducciones de Telefónica que recorren la ciudad a la vista o en canales subterráneos. Al igual que paga esta última compañía por la ocupación de suelo, lo harán las otras. Se calcula que la recaudación por este concepto se elevará a 36.000 euros anuales. A cada firma se le facturará en función de su cuota de mercado.

Los ayuntamientos de Badalona y Córdoba han sido pioneros en la aplicación de estos gravámenes. En el caso de la ciudad catalana, las compañías de telefonía móvil recurrieron la imposición de tasas, y el Tribunal Supremo, finalmente, le dio la razón a la administración local el pasado mes de febrero. Por otro lado, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) “promueve y respalda” la aprobación de ordenanzas de este tenor.

En el segundo de los casos el texto ha sido consensuado con las fuerzas políticas y representantes de las peñas y asociaciones de vecinos. En esencia, la Ordenanza reúne la normativa relativa a peñas y chamizos (locales propios de las Fiestas de San Mateo) que el Ayuntamiento promulgaba por medio de Bandos de Alcaldía, y la mayor parte de su articulado se centra en la regulación del funcionamiento de esos espacios de reunión de jóvenes y adolescentes (alquiler, seguridad, personas responsables, contaminación acústica, alteración del orden público e infracciones).

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