UGT Aragón considera que mantener el poder adquisitivo es fundamental para estimular el consumo

Los precios de consumo mensuales aumentan tanto en Aragón como en España condicionados principalmente por el desarrollo de la nueva campaña primavera-verano en las prendas de vestir y calzado y en segundo término por el encarecimiento de los combustibles. Las medidas anunciadas por el Gobierno no favorecen el poder adquisitivo de los trabajadores por lo que afectará al consumo.

Intermensual

En el último mes los precios de consumo han crecido en Aragón un punto, una décima menos que en el conjunto nacional. Al igual que en España, Vestido y calzado es el epígrafe que determina en gran medida el comportamiento del índice general. En las provincias aragonesas aumentan los precios más en Teruel, seguida por Huesca y Zaragoza.

Interanual

En nuestra Comunidad Autónoma la tasa interanual del índice general ha aumentado una décima respecto a marzo y se sitúa ahora en un 1,6%. Los epígrafes que muestran una tasa de crecimiento más elevada en los últimos doce meses son Bebidas alcohólicas y tabaco (13,2%), Transporte (7,8%) y Vivienda (5,2%). En contraposición ven descender los precios el Ocio y la cultura (-3,5%) y la Alimentación (-1,7). En los últimos doce meses los precios aumentan más en Teruel y Huesca, que sobrepasan la media española. En Zaragoza la tasa es una décima inferior al valor nacional.

Conclusiones

UGT Aragón reitera el rechazo a las medidas anunciadas por el Gobierno el pasado 12 de mayo dado que responden únicamente a la exigencia de los mercados y van a suponer un incremento del desempleo y un retraso en la recuperación económica y el crecimiento. El sindicato considera un error la estrategia de recudir el déficit a través de la reducción del gasto y considera que habría que aumentar los ingresos mediante la recuperación del Impuesto de Patrimonio, la reactivación del impuesto de Sucesiones, el incremento del IRPF para las rentas más altas, el aumento del IVA a los bienes de lujo y el reforzamiento de la lucha contra el fraude fiscal, entre otros mecanismos. De este modo podría evitarse el recorte de salarios a 2,7 millones de trabajadores de la función pública o la congelación de las pensiones, medidas que afectarán muy negativamente a los niveles de consumo.

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