El Justicia defiende la colaboración de Ayuntamientos y Comarcas en la extinción de incendios

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, presentaba un Informe Especial sobre los incendios forestales en Aragón, el cuál recoge y presenta propuestas en todos los ámbitos relacionados con los incendios, con la doble finalidad de colaborar con las Administraciones competentes y sensibilizar a la opinión pública, ya que el 45% de los incendios se deben a imprudencias. El Justicia apela a la colaboración de Ayuntamientos y Comarcas para lograr acceder al foco del incendio en los primeros momentos.

Con el fin de aportar ideas que contribuyan a reducir el número de imprudencias, el Informe sugiere que se de mayor información a los agricultores sobre el uso y quema de rastrojos. También sugiere, un mayor control urbanístico del bosque evitando construcciones, casetas, barbacoas u hogueras incontroladas, así como acciones sancionadoras ejemplarizantes y seguir insistiendo en la sensibilización y formación ambiental de la ciudadanía en esta materia.

En materia de planificación y gestión, una de las principales conclusiones del Informe se refiere a la necesidad de elaborar un Plan Forestal de Aragón que oriente la política forestal y la ordenación de los recursos naturales. El Plan debería incluir, la definición y determinación de las zonas de alto riesgo, planes forestales para cada monte, un plan autonómico de Áreas de Cortafuegos y un plan de acción de la biomasa forestal hasta el año 2016.

Respecto a las áreas cortafuegos, el Justicia plantea varias propuestas: reforzar la actuación de mantenimiento de las cuadrillas forestales, especialmente durante el invierno; fomentar su conservación mediante el pastoreo y mejorar la especialización de las unidades operativas del dispositivo.

En general, las principales actuaciones de fomento de la prevención que sugiere el Informe y que incluyen a los montes privados, consisten en: apoyar la ganadería extensiva, a las empresas que revaloricen la leña y los cultivos ignífugos en perímetros de protección y fomentar actuaciones preventivas como el paso del arado dentro de los 15 días posteriores a la recolección de rastrojos colindantes con terreno forestal.

En cuanto a la extinción de los incendios, entre las aportaciones del Justicia de Aragón, destacan la necesidad de mejorar los accesos, puntos de agua, e infraestructuras aeronáuticas; evitar que los vallados cinegéticos y de caminos impidan el acceso; conservar en buen estado los tendidos eléctricos, especialmente líneas de alta tensión; unificar los sistemas de intercomunicación de los combatientes contra el fuego; solucionar las carencias en vehículos autobombas, GPS o equipos individuales específicos para incendios forestales, así como dotar a las entidades locales de medios básicos de protección y extinción para ser utilizados en los primeros momentos.

Sobre el personal, el Estudio apunta varias mejoras necesarias: la formación, especialización y estabilidad de estos profesionales, y también del personal voluntario, mediante la colaboración de Ayuntamientos y Comarcas con el fin de aprovechar el conocimiento que los habitantes tienen del territorio. Por último, reforzar la figura del Director de Extinción cuyas responsabilidades y prerrogativas se han de definir con más concreción.

Otro de los puntos que aborda este Informe es el relativo a la labor de restauración del terreno incendiado que, en opinión del Justicia, debe partir de un acuerdo general y a largo plazo de todas las Administraciones implicadas que atienda, entre otras consideraciones: la autoregeneración del monte, respetando los tiempos y plazos; rápida retirada de la madera quemada mediante inversiones de urgencia; un seguimiento del programa de reforestación; el desarrollo de la figura del “monte protector” prevista en el artículo 25 de la Ley de Montes de Aragón; la creación de un fondo para catástrofes naturales con el fin de incrementar y agilizar la restauración de las zonas incendiadas, ya sean públicas o privadas; la declaración de todos los montes públicos incendiados como de utilidad pública con el fin de asegurar la actuación directa de la Administración y una gestión más ágil. Con el mismo fin se propone, alcanzar acuerdos con los propietarios de los montes privados que sea preciso restaurar.

Finalmente, el estudio realizado por la Institución del Justicia se detiene en la importancia que tiene para la lucha contra los incendios el mantenimiento de la población en el medio rural y de las prácticas tradicionales que ello conlleva. En este sentido, apoya las ayudas dirigidas a determinadas actividades como ganadería extensiva y pastoreo controlado. Estas ayudas pueden ser directas a los particulares que las realizan, mediante aportación económica o disminución de cargas, o indirectas, impulsando la puesta a disposición de servicios y oportunidades a toda la comunidad residente en el medio rural, no sólo agricultores y ganaderos. Como un primer paso en esta línea, y dado que se trata de actuaciones que ya se vienen realizando, el estudio indica la conveniencia de incrementar las ayudas para actuaciones en montes privados (cortas de mejora, limpieza de montes, tratamientos selvícolas, repoblaciones, etc.), procurando que el pago se realice en los plazos establecidos.

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