Los afectados por el proyecto del embalse de Jánovas piden la reversión justa de sus propiedades

La Asociación de vecinos afectados por el proyecto del embalse de Jánovas, integrada por las personas que fueron expropiadas como consecuencia del mismo, han presentado un manifiesto en el que demandan la íntegra devolución de sus bienes, fueran vendidos o expropiados. Para ello, solicitan que se fije un precio “teniendo en cuenta el valor real de los bienes en función de su estado en el momento actual”. Para conseguir apoyos políticos, la asociación pidió hace ya dos semanas comparecer ante las Cortes de Aragón.

Además, desde esta asociación consideran que este caso supone “un ejemplo paradigmático de las terribles consecuencias ocasionadas por una planificación hidroeléctrica ajena por completo al interés general y a los derechos de las personas afectadas, que nunca debiera repetirse” y piden el impulso, planificación, financiación y ejecución “del obligado plan de desarrollo sostenible” en la zona afectada por el proyecto del salto de Jánovas.

El objetivo de estas reivindicaciones es “que se haga justicia en una mínima parte” por el “calvario” que, afirman, tuvieron que pasar “para llegar a vislumbrar la declaración de caducidad del aprovechamiento hidroeléctrico de Jánovas”. Unos daños “irremediables” que nunca podrán repararse, y ponen como ejemplo las relaciones sociales entre gentes “que ocupaban pacíficamente aquellas localidades del cauce medio del río Ara”, la emigración “traumática” del pueblo de orígen, las vivencias o las señas de identidad.

Según explican, Endesa Generación S.A. y la Confederación Hidrográfica del Ebro se niegan a acoger el planteamiento de esta asociación de afectados ya que, según les han expuesto, “consideran improcedente la devolución de aquellos patrimonios vendidos porque entienden que su adquisición no respondió a la causa de la expropiación”. En cuanto al precio de la reversión, ambas empresas (y siempre según esta asociación) señalan que debe fijarse conforme a la evolución del IPC, algo que, no tiene en cuenta “el menoscabo sufrido” en los bienes “durante el periodo comprendido entre su expropiación y la solicitud de reversión”, de hecho, aseguran, están reclamando “una actualización que supone aplicar, en general, una variación del IPC del 2000% al 3000%”.

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