No se tendrá que repetir el juicio de Fago

El recurso interpuesto por Marcos García Montes, el abogado de Santiago Mainar, en prisión por el asesinato del alcalde de Fago, ha sido informado desfavorablemente por el pleno del Tribunal Supremo, el cual considera que la nueva doctrina sobre la aplicación de la ley del jurado popular no tiene efectos retroactivos. Esta decisión allana el camino para que se confirme la sentencia de la Audiencia de Huesca a Santiago Mainar, aunque hay partes del recurso de García Montes sobre las que no se ha pronunciado todavía el alto tribunal.

Lo cierto es que el pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dado este martes un paso importante para que se confirme la condena de 20 años de cárcel a Santiago Mainar por asesinar al alcalde de Fago, Miguel Grima. Todo apunta a que los cinco magistrados que deberán decidir sobre el recurso de Mainar observarán el informe del Supremo.

El recurso de Mainar ante el Supremo planteaba que la sentencia de la Audiencia de Huesca no debía ser válida porque el guarda forestal tenía que haber sido juzgado por un jurado popular. Los magistrados encargados de estudiar el recurso no lo vieron claro y lo abocaron al pleno. Ahora el Pleno deja claro que el proceso en sus formas fue correcto al ser juzgado por un jurado profesional.

Dice el Supremo en su informe que la nueva doctrina sobre la aplicación de la Ley del Jurado, argumento sobre el que basaba García Montes su recurso, no tiene efectos retroactivos, con lo que no es aplicable al crimen de Fago.

Ahora solo queda que la sala que estudia el caso diga la última palabra, previsiblemente confirmando lo que acordaba el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La sala, muy posiblemente, ya retrase a septiembre la resolución del recurso, ya que agosto es un mes no hábil para la justicia.

De todos modos, las partes consultadas por Radio Huesca Digital apuntan a que todavía existe una duda sobre los otros dos puntos del recurso planteado por la defensa de Mainar, en los que se habla de la invalidez de las pruebas y en la posible influencia en los magistrados de las informaciones que se conocieron entorno al caso del asesinato de Miguel Grima.