CC.OO. denuncia el apagón en el sector de Correos que propone el Proyecto de ley postal

El Consejo de Ministros ha decidido aprobar, el Proyecto de Ley Postal en el “último minuto” del período de sesiones, en un trámite parlamentario y que se debatirá a partir de septiembre en el Congreso de los diputados, a tan sólo tres meses de la completa liberalización del mercado postal europeo.

El Proyecto de Ley se aprueba sin consenso sindical, después de que el Ministerio de Fomento haya desestimado la práctica totalidad de las alegaciones interpuestas por las organizaciones conformantes de la mayoría sindical, apostando, una vez más, por un modelo liberalizador y al más puro estilo “progresista” del que el ejecutivo viene haciendo gala en los últimos meses.

A juicio de CCOO, el proyecto de Ley recorta el Servicio Postal Universal, el derecho de ciudadanía, reduciendo su extensión y condiciones, dando marco legal a buzones concentrados y casilleros y facilitando la discriminación geográfica en función de criterios de rentabilidad. Es decir, menor cobertura social y, por tanto, menor financiación y plantilla. En la misma línea progresista y de prestación de servicio público, el ejecutivo prevé la creación de un fondo de financiación que supone la retirada del Estado en la financiación del servicio postal universal, trasladando esa carga a operadores privados y usuarios, imponiendo sobre los ciudadanos una doble vía de pago (IRPF y un incremento del 2% en los sellos). Un proyecto de ley que no establece un proyecto empresarial, ni garantías laborales ni de empleo de los 60.000 trabajadores que conforman la plantilla, según fuentes del propio Ministerio de Fomento, 7.000 menos que hace 2 años y en aras de poner punto final a la mayor empresa pública del país.

El proyecto de ley se aprueba en un contexto en el que Correos arrastra un déficit de 2 millones de euros, con un recorte en las inversiones del 50%, una reducción importante en la contratación en los meses de verano así como la supresión de determinadas rutas y servicios, para ahorrar costes, y con un claro perjuicio sobre los ciudadanos y los trabajadores. Por ello, CCOO exige que ante la inviabilidad más absoluta en la que se encuentra inmersa la empresa, el proyecto de Ley incluya la ampliación del Servicio Postal Universal, su financiación íntegra por parte del estado, el acceso de los operadores privados a los servicios invirtiendo en infraestructuras propias, el mantenimiento del empleo en un plan estratégico, hoy inexistente, y Correos como prestador del Servicio Postal Universal en los próximos 15 años con financiación e inversión, elementos sin los cuales, la prestación se convierte en una condena para el operador y para sus 60.000 trabajadores.

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