Presentado el anteproyecto de Ley de Salud Pública en el Sistema Nacional de Salud

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha informado al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del anteproyecto de Ley General de Salud Pública. Este anteproyecto, que se envió al Consejo de Ministros en el mes de junio, pretende reforzar las acciones preventivas y de promoción y protección de la salud, así como establecer las bases para las actuaciones de las distintas administraciones en salud pública. Entre sus principales novedades, el texto incorpora algunos derechos importantes para los ciudadanos como el reconocimiento del derecho a recibir información puntual sobre los posibles riesgos para su salud del entorno o a conocer las características de una intervención de salud pública antes de someterse a ella.

Los motivos para el desarrollo de una normativa de este tipo son claros. En el siglo XXI, la salud de la población se ha situado en el centro de las aspiraciones de la sociedad y ha demostrado ser un elemento clave en el desarrollo económico y social. No se trata sólo de los servicios sanitarios y el cuidado de la enfermedad, sino también de la prevención de las distintas patologías y la mejora de la calidad de vida.

Además, en el texto se refuerza la transparencia, para lo cual se requiere por primera vez la declaración de intereses para colaborar con las administraciones públicas en el establecimiento de recomendaciones sobre salud pública.

Por lo que respecta a cómo deben desarrollarse las actividades en salud pública, el anteproyecto señala que deben cumplir una serie de requisitos básicos como introducir un enfoque de salud en todas las políticas, buscar la eficiencia social y la proporcionalidad, ser equitativas y transparentes, ser evaluables y fomentar la participación, entre otros.

VIGILANCIA E INFORMACIÓN

En relación con la vigilancia e información en salud pública se garantiza la creación de un sistema de alerta precoz y respuesta rápida, que detectará incidentes, riesgos ambientales, enfermedades y otras situaciones que representen un riesgo de naturaleza biológica, química, alimentaria, radiológica o nuclear.

Para ello, se crea la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, que coordinará los diferentes sistemas autonómicos. En este sentido, se introduce la vigilancia de los condicionantes en salud y la vigilancia de sustancias tóxicas en el organismo humano (biomonitorización), así como el seguimiento de parámetros nutricionales para controlar la frecuencia de problemas de salud tan diversos como la infertilidad, el cáncer y las enfermedades metabólicas y endocrinas.

Asimismo, dentro del apartado de vigilancia e información también se crea la Red Estatal de Laboratorios de Salud Pública, que permitirá disponer en todo momento de las técnicas y procedimientos de máxima calidad para la detección y análisis de cualquier riesgo para la salud pública.

En el marco de la protección a la salud, se hace mención específica a la sanidad ambiental y a la sanidad laboral. Así, en lo relativo a la sanidad ambiental, se presta atención especial a la aparición de riesgos ambientales para la salud asociados al cambio climático. En cuanto a la salud laboral, el anteproyecto incluye como novedad la consideración de las relaciones entre este ámbito y el Sistema Nacional de Salud, para lo cual se establecen procedimientos que ayuden a promover entornos de trabajo favorables a la salud.