Osca XXI se suma a la campaña estatal contra la subida de la luz

La Federación de barrios Osca XXI de Huesca ha mostrado su apoyo a la campaña promovida por la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) en protesta ante las subidas de la tarifa eléctrica. La campaña incluye la difusión de la información y una concentración que, en el caso de Huesca, tendrá lugar este jueves a las 18.00 horas en la subestación eléctrica ubicada en la calle Doctor Artero.

Por otra parte, Osca XXI sugiere al Gobierno de Aragón que, como hizo el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza el pasado 22 de octubre, inste al Gobierno central a tener en cuenta estas reivindicaciones.

Según fuentes de las propias compañías eléctricas, en Aragón tienen más de 700.000 clientes, la gran mayoría de ellos son hogares, economías que están “sufriendo esta presión adicional en sus bolsillos, en esta época en que los salarios, a lo sumo, suben por debajo de la inflación”.

Desde Osca XXI recuerdan que “desde enero de 2011 pagamos un 9,4% más en nuestros recibos de la luz, como consecuencia de las subidas de la Tarifa de Último Recurso en octubre (4,8%) y en enero (2,6%), a lo que hay que sumar un 2% del incremento del IVA”. Por esto, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales ha solicitado al Ministerio de Industria que las subidas tarifarias del suministro eléctrico, considerado un servicio básico y fundamental, se ajusten a las variaciones del IPC (que este año ha sido del 1,9%).

También han exigido al Ejecutivo que aplique fórmulas progresivas para que se pague en función del consumo realizado. De esta forma, se favorecerá el ahorro energético por parte de los grandes consumidores y se evitará que las economías más débiles carguen con un gasto injusto para ellas (pagan el 75% del total facturado cuando solo consumen el 48% de la electricidad producida) y más en un contexto de crisis aguda como el actual.

Además, la CEAV ha pedido al Ministerio de Industria que comparta toda la información disponible sobre la situación del sector energético para buscar conjuntamente soluciones al déficit tarifario de 20.000 millones de euros que arrastra la Administración Pública con las compañías eléctricas.

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