Cartas al Director: “Comparaciones Odiosas”

Salvador Ariste Latre.

Secretario de Política Local de Chunta Aragonesista.

Ser la sede administrativa de un Estado, país o comunidad autónoma tiene enormes ventajas demográficas, culturales y económicas y, si no, que se lo pregunten a Córdoba que, en el siglo X, ostentando la capitalidad del Califato de su mismo nombre, llegó a ser la ciudad más grande y opulenta del mundo, con medio millón de habitantes… que se redujeron a un 5% cuando dejó de ser capital. O Toledo, que pasó del máximo esplendor poblacional cuando era capital de las tres culturas y centro de la monarquía castellana, a la decadencia cuando, a principios del XVI, la capitalidad se trasladó a Madrid.

Todos los pueblos y ciudades del Estado hemos contribuido a que Madrid sea ahora una de las mayores potencias económicas de la Unión Europea y su población representa el 7% de toda España. Gracias a nosotros, en su Comunidad Autónoma se concentran 175.000 empleados de la Administración general del Estado, esto es, el 30% del total, cifra equivalente a todos los habitantes de la provincia de Ávila o de Palencia, bastantes más que los de Teruel y el doble que los de Soria.

Todos aportamos para que en Madrid capital se quede la enorme riqueza de las nóminas de esos funcionarios y para que reciba en los presupuestos generales del Estado un porcentaje de inversiones directas equivalente a su peso demográfico. Pero, además, consentimos que una tercera parte de los dos mil millones de euros de inversiones “no regionalizables” se queden en las sedes ministeriales, organismos autónomos, museos, centros de investigación y otros entes del gobierno central allí localizados.

Con la actual Ley de Haciendas Locales, que regula su participación en los tributos del Estado, las grandes ciudades ingresan de forma extra una parte de los impuestos del IVA, tabaco, alcohol, hidrocarburos, etc., de tal manera que un señor de Monegrillo que va de viaje a Madrid, o a Barcelona, o a Zaragoza, y acude a un médico particular o se toma un café, está contribuyendo con unos cuantos euros a la financiación de esos Ayuntamientos. No ocurre lo mismo al contrario, ni aunque un viajero urbano gastara en un pequeño pueblo un millón de euros haciendo turismo rural.

Consecuencia de esta mala ley, el reparto de los ocho mil millones de euros que el gobierno central español entrega a los Ayuntamientos es tan dispar que Barcelona llega a percibir una cantidad equivalente a 540 euros por habitante y año y Madrid 430 euros, mientras que el de Monegrillo recibe unos 150 euros, a pesar de que los servicios básicos como agua potable, alcantarillado o alumbrado público son mucho más costosos de realizar y mantener en este pueblo de quinientos habitantes que en una gran ciudad.

Si Monegrillo tuviera trabajando y viviendo en su municipio a los 35 empleados públicos que, por media española le tocan; si sus edificios, su población y sus pocas empresas disfrutaran de las inversiones “regionalizables y no regionalizables” en la misma proporción que las recibe la capital de reino; y si los gobiernos de ZP y del PP le hubieran financiado como a las grandes ciudades, seguramente, además de no tener deuda, su ayuntamiento tendría un remanente de un millón de euros, dinero que bien podrían gastar, aunque no sea de su competencia, en alcanzar la merecida calidad de vida del siglo XXI.

Quiero decir con esto que, si, al alcalde de Madrid, el Estado le hubiera financiado en su mandato igual que a la media de los ocho mil municipios de la España rural y profunda, con la mezquina cifra de 150 euros por habitante y año, la deuda acumulada de su Ayuntamiento no sería la actual de 7.000 millones de euros, sino del doble, pasando a ser más de la mitad del total de la deuda pública de las corporaciones locales. ¡Eso sí que sería de nota!

Pero la paradoja de esta reflexión es que, quienes viven en el centro y del centralismo, quienes nos querrían mandar desde Madrid, proponen ahora eliminar ayuntamientos pequeños porque –según afirman cínicamente y sin datos- “son caros de mantener”. Se les olvida que, estando las ciudades mejor tratadas en el ámbito político, cultural y mediático que los pueblos; siendo los alcaldes de aquellas las figuras prestigiosas que pueden salvar un país o al mundo; y siendo los alcaldes de provincias los que tienen que hacer hasta de alguaciles, la situación de déficit y deuda pública que nos ahoga a todos la han generado los primeros, los que marcan tendencia desde la FEMP, los que influyen para que el reparto de fondos públicos, funcionarios y centros oficiales vayan a parar siempre a las grandes urbes, los que presionan para aumentar el déficit y la deuda.

Aunque, seguramente, ni la agencia Moody´s ni el señor Ruiz Gallardón tendrán ni puñetera idea de este asunto.

Yo sí la tengo y por eso defiendo a los pueblos pequeños, a sus laboriosos alcaldes y a sus humildes ayuntamientos.