Un equipo de REESA entra en terrenos particulares en La Puebla del Mon

La Plataforma contra la Autopista Eléctrica informa que, esta semana, en La Puebla del Mon, núcleo agregado a Graus y afectado por el trazado de la autopista eléctrica, algunos vecinos de este pueblo pudieron comprobar como un equipo de Red Eléctrica, se movía, en vehículo, por fincas y cultivos ubicados alrededor del pueblo. Según la Plataforma, algunos vecinos se aproximaron para manifestarles su malestar con el proyecto y la respuesta fue quela línea, irremediablemente, será construida por el trazado elegido. Tras ello, se marcharon dirección Llaguarres.

Desde la Plataforma indican que el alcalde pedáneo, de La Puebla del Mon, se dirigió esa misma tarde, aprovechando la presencia de autoridades y representantes políticos en el homenaje a Joaquín Costa celebrado ese martes en Graus, a uno de los concejales del Ayuntamiento de este municipio que le ofreció su total apoyo, recomendándole que, en lo sucesivo, de volver a darse un caso semejante, informase de inmediato a la Guardia Civil, denunciando los hechos.

Desde la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica, muestran su indignación por unos hechos que demuestran, como han denunciado en numerosas ocasiones, que Red Eléctrica de España, actúa como si fuera la dueña del territorio, con absoluto desprecio a la propiedad privada y al procedimiento administrativo (aún no se ha presentado el anteproyecto de la línea), sin informar ni a afectados ni a autoridades de sus actuaciones y en este caso, por añadidura, tratando a sus víctimas con un desprecio y una soberbia impropias de una empresa que presume en su propia propaganda de modernidad y buenos usos.

La pretensión ante quien ejerce un cargo de representación, como es un alcalde pedáneo, de que se diga o se haga lo que se quiera, ellos seguirán adelante con su línea supone, por añadidura, un auténtico desprecio de nuestro ordenamiento jurídico.

Por todo ello, señalan, la Plataforma se mantendrá vigilante y dispuesta a presentar de inmediato denuncia ante la Guardia Civil de cualquier actuación de la empresa que no se atenga de manera escrupulosa a la legalidad y, muy especialmente, en los casos en que, como ha sucedido, invadan terrenos particulares y tierras de cultivo.