Ecologistas en Acción Ribagorza presentará una queja ante el Justicia por las torres de la Aragón-Cazaril

En los antecedentes que Ecologistas en Acción Ribagorza expone en la queja que presentarán ante el Justicia de Aragón, apuntan a los diferentes planteamientos realizados por la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica, entre otros, que estas infraestructuras de la anulada línea de alta tensión Aragón-Cazaril son constitutivas de una falta urbanística muy grave por construcción o invasión con estructuras metálicas de 45 metros de altura en suelo no urbanizable, tanto público como privado.

Apuntan que las torres hubieran debido ser desmanteladas de oficio por la DGA como consecuencia del acatamiento obligado a la sentencia del Tribunal Supremo, en cuyo procedimiento fue la DGA parte recurrente.

En relación con ello, recuerdan que si bien es cierto que en el Fundamento de Derecho 151 de esta resolución judicial se reconocen «los derechos surgidos en los sucesivos acuerdos (del Consejo de Ministros), dictados desde 1986 a 1995, o derivados de los compromisos suscritos con Electricité de France», al haberse celebrado un convenio entre REESA y la sociedad francesa, han quedado anulados por actos propios indiscutibles cualesquiera derechos dimanantes del Consejo de Ministros, sustituidos por el acuerdo al que se refiere de forma expresa el Fundamento de Derecho 101 de la STS, que constata la existencia de tal acuerdo en la fase de prueba del recurso contencioso administrativo TS, Sec. 31, nº 183/1996. Indican que esto ha sido perfectamente conocido por la DGA como parte recurrente del mismo, pero, además, en dicho convenio o acuerdo REESA se compromete a presentar a Electricité de France una nueva alternativa para el trazado que sustituya la anulada línea ARAGÓN-CAZARIL, recibiendo como indemnización una multimillonaria cantidad para compensar a REESA de todos los gastos ocasionados, entre los que deben comprenderse, naturalmente, los producidos por el desmantelamiento de las torres, hecho que nunca se ha cumplido y sobre el cual tiene que proceder de oficio la DGA, siendo así consecuente la DGA con la misma tesis que defendió como parte recurrente de la inviabilidad de la línea ARAGÓN-CAZARIL, como al fin declaró la STS de 19 Marzo 1999, fundada en la pérdida sobrevenida del objeto del proceso, a cuyo Fallo nos remitimos.

Por todo ello, entienden el calificativo de "dudosa viabilidad" aplicado a la demolición de las torres de alta tensión extraído del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón y explicitado en la respuesta a la pregunta del Diputado Sr. Fuster Santaliestra al Consejero de Medio Ambiente el 1 de diciembre de 2010, al que, por cierto, tampoco se le ha facilitado dicho dictamen a pesar de haberlo solicitado el pasado mes de octubre.

Por tanto, se solicitó por escrito el 14 de enero de 2011 la Copia del Dictamen 2/2000 de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, que fue solicitado en su día por el Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo y emitido con fecha 15 de febrero de 2000, en relación con los procedimientos jurídicos que permitan el cumplimiento de la Proposición no de Ley 11/99-V, referida a las líneas del Alta Tensión Aragón-Cazaril y Graus-Sallente.

Transcurrido un plazo, más que suficiente, para que dicho Departamento hubiera entregado copia de ese documento público al solicitante, piden que el Justicia atienda su queja y realice cuantas gestiones sean precisas para que pueda ser facilitada la Copia del Dictamen 2/2000 de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón.

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