Políticas sociales y de estado de bienestar

Placido Díez

El futuro de las políticas sociales y del estado de bienestar debería ser uno de los ejes centrales de la campaña electoral. Lo que está en juego es decidir quién va a ganar el pulso de la asignación de recursos públicos, o los mercados financieros o las personas.

Estamos ante una buena oportunidad para chequear la sensibilidad de los candidatos a la presidencia de Aragón sobre los derechos de ciudadanía, sobre los derechos subjetivos de las personas con discapacidad, y, en concreto, en un contexto de caída de los ingresos fiscales, sobre el desarrollo de la ley de servicios sociales, de la ley de dependencia, sobre la progresiva sustitución de las subvenciones por convenios estables que protejan de los bandazos electorales a las entidades que trabajan con las personas con discapacidad física, orgánica, sensorial, psíquica e intelectual.

Y también sobre la privatización de la asistencia, y sobre el futuro de los centros especiales de empleo y de los programas de adaptación de estos grupos con alguna minusvalía a las nuevas tecnologías para no quedarse fuera de un mercado laboral cada vez más contraído y exigente con la especialización.

Las políticas sociales marcan claramente las diferencias, o al menos el grado de sensibilidad, entre unos y otros partidos, entre unos y otros candidatos. Se ha visto en el ciclo organizado por las dos plataformas de la discapacidad en Aragón, Cocemfe y Cermi, en el que han participado los tres candidatos de los partidos de la izquierda, Adolfo Barrena, Nieves Ibeas y Eva Almunia, y han delegado en otras personas los del centro derecha, José Ángel Biel y Luisa Fernanda Rudi. Toda una declaración de intenciones.

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