Recogida de firmas en Monzón para endurecer los castigos a los que maltratan animales

La plaza Mayor de Monzón era el escenario donde la Protectora de Animales “El Arca de Santi” recogía firmas por una Ley Nacional más dura contra el maltrato animal, se trata de modificar el Código Penal para que se imponga una pena mínima de dos años, ya que en la actualidad se establece un condena más máxima de un año, por lo que si el maltratador no tiene antecedentes no entra en la cárcel y se queda todo en una multa como explica la presidenta de la Asociación, Vicki Álvaro.

Para impulsar la Iniciativa Legislativa Popular se lanzaba una jornada nacional en la que se producía concentraciones para apoyar la misma y se recogía firmas para intentar que se pueda debatir en el Congreso. La fecha que las organizaciones impulsoras de la propuesta se han marcado es mediados de abril.

Estos son los puntos que plantean: Penas de prisión más duras y multas más elevadas para los maltratadores de animales.Perfil psiquiátrico de los mismos puesto que muchos maltratadores de animales son violadores, maltratadores y/o asesinos en potencia (avalado por numerosos estudios científicos). Seguimiento de las personas acusadas y condenadas por maltrato animal una vez cumplida su condena o pagada su multa. Incapacidad indefinida para la adquisición de animales hasta avalar su rehabillitación mental para garantizar que no se repitan los hechos. Obligatoriedad de realizar un examen psicotécnico a todas aquellas personas que quieran adquirir un animal para garantizar que son personas mentalmente sanas y garantizar que se les proporcionará un hogar adecuado.Obligatoriedad de todas las protectoras, perreras, criaderos y tiendas de animales de tener una lista con los datos de todos aquellos incapacitados y de exigir, bajo multa si se incumple, los datos de personales de todo aquel que quiera adquirir un nuevo animal. Así mismo, obligatoriedad de estas mismas organizaciones de entregar los animales microchipados y de realizar seguimientos para garantizar su integridad física y psicológica. Y eliminación de la política de las perreras de eutanasiar a aquellos animales que no encuentren adoptante en 10 días. Esto se exige porque los animales decomisados a maltratadores terminan siendo eutanasiados en su mayoría, ya que debido a las experiencias traumáticas, tienden a ser agresivos y no ser adoptables hasta haber transcurrido un tiempo.