La Asociación de Obra Pública reivindica que el esfuerzo inversor alcance a las PYMES de la provincia

La Asociación Provincial de Contratistas de Obra Pública, considera que, de continuar la situación de descenso en la licitación de los últimos dos años (en las que las diferentes administraciones han rebajado en más de un 108% el volumen de licitaciones), podrían desaparecer 110 empresas y, por tanto, perder sus puestos de trabajo más de 1340 personas en los doce meses.

La asociación tiene previsto dirigirse a las diferentes Administraciones con el propósito de trasladar tanto la situación del sector como las reivindicaciones y propuestas de la misma.

Desde esta entidad entienden la necesidad de disminuir el déficit público, pero opinan que la reducción de inversión productiva no puede ser la solución en cuanto ésta contribuye a la generación de riqueza, al mantenimiento y creación de empleo, a la competitividad de las empresas asentadas en el territorio, a proporcionar a los ciudadanos una mejor calidad de vida e, incluso, a un importante retorno por vía fiscal

La obra pública constituye, según esta organización, “una medida anticíclica generadora de un nicho de creación de trabajo e inversión, incentivadora de actividad económica, cuya paralización se está traduciendo ya en consecuencias demoledoras para la economía provincial como consecuencia del efecto arrastre del sector de construcción”.

Añaden, además que, por cada euro invertido en construcción se inducen 0,69 euros en otros sectores y que, por cada empleo directo en construcción, se generan 0,49 empleos en otros sectores.

Así, una inversión adicional de un 1% del PIB en construcción genera 127.080 empleos directos y otros 62.029 inducidos en otros sectores. Además, esta misma inversión produce un retorno fiscal equivalente al 0,57% del PIB.

Cada millón de euros invertido en construcción genera 18 puestos de trabajo y produce un retorno fiscal de 570.000 euros.

Por todo ello, presentan las siguientes reivindicaciones:

. Solicitar de las diferentes Administraciones un esfuerzo inversor, regular en el tiempo, que permita evitar la destrucción de empleo en el sector.

. Mayor fraccionamiento del volumen de licitación en distintas fases o partidas de obra, que permitiría que grandes obras de infraestructuras no quedaran vedadas a Empresas Locales que cuentan con la suficiente solvencia técnica y experiencia y que a la postre son las que acaban ejecutando las mismas como subcontratistas.

. Piden también que se cumplan los plazos de pago en los cobros, así como un mayor control en la subcontratación de las obras.

Finalmente, desde la Asociación, ante los recortes del sector financiero al conjunto del sector de construcción, que están generando en el subsector de obra pública importantes tensiones de liquidez, ponen de manifiesto la necesidad de que la obra pública no resulte penalizada, como consecuencia de los efectos de provisiones exigidas a otros subsectores, analizándose la posibilidad por el órgano supervisor de eximir de tal penalización a un subsector que tiene una muy razonable garantía de éxito, con independencia de la calificación prudencial en la que está encuadrado el sector inmobiliario.

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