104 medidas para ahorrar en gasto corriente 105 millones de euros

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Racionalización del Gasto Corriente del Gobierno de Aragón, elaborado por el Departamento de Hacienda y Administración Pública durante las últimas semanas con la participación de todos los Departamentos del Ejecutivo autónomo. Este plan permitirá obtener un ahorro que se sitúa en el entorno de los 105 millones de euros a lo largo de toda la presente legislatura.

Para conseguir estos objetivos el Plan de Racionalización propone 104 medidas que inciden en la reducción del gasto corriente. Aborda por un lado aspectos relacionados con el gasto en bienes corrientes y servicios –capítulo II del presupuesto de la Comunidad Autónoma-, entre los que destacan los referidos a la adquisición y uso racional del material y equipamiento (parque móvil y desplazamientos, carburante, telefonía, reproducción gráfica, suministros o correo, entre otros), al funcionamiento de las instalaciones y a su gestión energética eficiente (consumo eléctrico, agua, patrimonio y arrendamientos) o a las indemnizaciones por razón de servicio (dietas, asistencia a órganos colegiados, formación impartida, reuniones y conferencias), así como a otras cuestiones como publicidad institucional o contratación pública.

La medida se añade a otras tomadas recientemente por el nuevo Ejecutivo como la definición de la nueva estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma con una sensible reducción de altos cargos y asesores o la retención de crédito aprobada el pasado 30 de agosto, iniciativas estas dos que comportaban un ahorro conjunto de 66 millones de euros. Todas ellas buscan reducir el gasto y atenuar el déficit existente garantizando a un tiempo la correcta prestación de servicios al ciudadano.

Este plan redundará asimismo en el compromiso adquirido por el Gobierno de Aragón con la aprobación del Código de Buenas Prácticas de la Comunidad Autónoma de ejercer las funciones que la Administración Pública tiene encomendadas por el ordenamiento jurídico de forma austera, eficaz y eficiente, así como de cuidar, conservar y usar adecuadamente los recursos y bienes públicos.

Por otro lado el plan recoge medidas para reducir el gasto en transferencias corrientes –capítulo IV del presupuesto de la Comunidad Autónoma- fundamentalmente a través del análisis pormenorizado de las subvenciones existentes, para racionalizarlas y simplificarlas.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN

El Plan de Racionalización del Gasto Corriente del Gobierno de Aragón se aplicará a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y a sus organismos públicos. También servirá de referencia a la actuación de los consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles dependientes, siempre que sus medidas puedan aplicarse directamente.

Además el Gobierno de Aragón propondrá la puesta en marcha de este plan en aquellas entidades del sector público en las que ostente una participación minoritaria, para que lo asuman íntegramente si sus órganos de gobierno lo consideran adecuado. Quedan excluidas de este plan las medidas que puedan adoptarse para el control del gasto sanitario, que serán objeto de estudio por el grupo de trabajo que se constituya específicamente para analizar este ámbito.

ENTRADA EN VIGOR, CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO

Las medidas contenidas en el plan son de aplicación inmediata, a excepción de las que requieran modificar la normativa vigente o tramitar procedimientos para la revisión de contratos actualmente en vigor. En este caso se iniciarán los trámites para poder aplicarlas en el primer trimestre de 2012.

El plan y todo su contenido se trasladará por medios electrónicos a todos los trabajadores y funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para su debida observancia, a través de las Secretarías Generales Técnicas y de los órganos de dirección de los organismos y empresas públicas, fundaciones y consorcios.

Los secretarios generales técnicos, directores generales, delegados territoriales, directores de servicios provinciales, jefes de oficinas delegadas y directores de organismos públicos y de empresas de la Comunidad se responsabilizarán del cumplimiento de estas medidas en su ámbito de competencias, remitiendo trimestralmente una memoria de ejecución y resultados de la aplicación del plan a la Secretaría General Técnica de la Presidencia. La primera habrá de enviarse en diciembre de 2011. La Intervención General informará de la adecuación de los expedientes al plan. Los incumplimientos serán puestos en conocimiento del consejero de Hacienda y Administración Pública y del consejero titular del Departamento correspondiente para la adopción de las medidas que se consideren oportunas. El incumplimiento reiterado podrá dar lugar a la interposición de reparos en los expedientes afectados.