El GA reclamará 370 millones de euros al Estado por mermas tributarias

El Consejo de Gobierno del Gobierno de Aragón acordaba este jueves pedir al Estado 370 millones de euros en concepto de mermas tributarias por cantidades que la Comunidad ha dejado de percibir por modificaciones efectuadas en los impuestos cedidos.

Así, el Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón solicitará al Consejo de Ministros que compense a la Administración de la Comunidad Autónoma por las reformas normativas que afectan a la recaudación de los tributos cedidos desde el año 2007 por un importe de 369,9 millones de euros.

Esta reclamación se apoya entre otros argumentos, en el recogido en el Estatuto de Autonomía de Aragón (Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto) y en la nueva redacción del Estatuto de 2007, que habla de la necesidad de que el Estado compense las cantidades que, debido a las modificaciones normativas que haya introducido en el sistema tributario, deje de percibir la Comunidad Autónoma de Aragón. El propio sistema de financiación autonómica se basa en el sustento de los servicios traspasados a las Comunidades mediante cesión de tributos y en la participación de los ingresos del Estado en la parte que no quede cubierta, de ahí la importancia de compensar la disminución en la recaudación.

Además, se pide que se modifique, previa negociación y acuerdo en la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros, el cálculo del Fondo de Suficiencia incluido en el actual sistema de financiación autonómica, teniendo en cuenta la pérdida de capacidad recaudatoria de los tributos cedidos merced a las modificaciones que se han hecho después de su cesión a la Comunidad Autónoma.

Esta reclamación continúa a la que ya efectuara el Gobierno de Aragón en 2005 por las cantidades dejadas de percibir por la Administración de la Comunidad Autónoma hasta el año 2006, en distintos impuestos y diferentes años, que tuvo continuidad en el recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el posterior acuerdo entre ambas partes, con la consiguiente transacción y desistimiento que puso fin al proceso en 2010.

Lo que ahora se reclama tiene que ver con el efecto que han seguido produciendo las medidas adoptadas por el Estado respecto a los tributos cedidos y la no corrección de la causa de que la recaudación de estos impuestos sea inferior a la que correspondía en el momento en el que fueron cedidos a la Comunidad, con referencia a un periodo temporal diferente al de la reclamación anterior, que se entendió resuelta en su momento.