El Ayuntamiento intenta evitar un colapso técnico por la sentencia de los auxiliares

José María Gella Gerardo Oliván Antonia Alcalá

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huesca se encuentra ante una difícil papeleta, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, relativa al caso de los auxiliares administrativos. La sentencia (los trabajadores dejan de ser funcionarios) puede llevar al Consistorio a un colapso técnico en la gestión, ya que son 21 trabajadores de un total en torno a la media centena. La búsqueda de una solución legal se observa muy complicada, poco menos que imposible. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento están en ello. Las reuniones han sido numerosas y tensas, tras el mazazo sufrido por afectados, representantes sindicales y responsables municipales, enterados de la noticia a través de Radio Huesca.

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El primer teniente de alcalde, Gerardo Oliván, calificaba (en ausencia de Ana Alós, alcaldesa, al tanto en todo momento del discurrir de los acontecimientos) de extremadamente delicada la situación en el Ayuntamiento, y especialmente para los 21 trabajadores que se verán afectados por la sentencia (hay dos meses para su ejecución). Supondrá la reducción de la plantilla administrativa en un 38 por ciento, y afectará a todas las áreas del Ayuntamiento. Gerardo Oliván dice que se va a trabajar en buscar una solución, dentro de la legalidad, que sea viable y satisfactoria para todos.

El ambiente en el Ayuntamiento era de preocupación y de indignación al mismo tiempo. Chabier Moreno, presidente del comité de empresa en el Ayuntamiento, asegura que la situación es tremenda para los trabajadores afectados, con sufrimiento y dolor, ya que estamos hablando de ir a la calle tras ser funcionarios.

El sindicato CSIF, que denunciaba en su día que la convocatoria de un concurso-oposición era incorrecta, entrará en detalle el martes sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón; no obstante, la abogada de este sindicato, Yolanda Mompradé, ha adelantado que lo que está claro es que los 21 trabajadores afectados no son funcionarios.

Añade que el Ayuntamiento de Huesca deberá buscar una opción que tenga en cuenta que estos trabajadores ya no son funcionarios. En su día ya quedaba dicho en instancias judiciales que debían ir a la calle pero no se obró en consecuencia. Ahora la sentencia es firme.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón recoge en su sentencia actual que la restitución patrimonial decretada por Fernando Elboj, entonces alcalde de Huesca, es nula de pleno derecho.

Este proceso se retrotrae al año 2004 cuando se convocaba incorrectamente un concurso-oposición, en lugar de oposición libre (garantizando el principio de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad). Tras los recursos de CSIF se daban sucesivas sentencias que anulaban los nombramientos de funcionarios de carrera e interinos, no cumpliendo el Ayuntamiento de Huesca con los dictámenes judiciales.

Preguntado por este tema Luis Felipe, portavoz del Partido Socialista (ahora en la oposición) y que fue quien llevó las negociaciones en torno a este caso, dice que es una situación difícil la que tiene ahora el Ayuntamiento y que éste tendrá que acatar el fallo del Tribunal. Luis Felipe insiste en que en los temas de personal siempre ha habido acuerdo político.

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