Torres y Canales condenados por desobediencia en la sentencia de las granjas

Antonio Torres y Lorena Canales, ex alcaldes de Sariñena, así como el ex secretario del Ayuntamiento, Pedro Martínez, han sido condenados como responsables de un delito de desobediencia al plantear dificultades a la ejecución de unas resoluciones judiciales que beneficiaban a un vecino.

Además se declara responsable civil subsidiario al Ayuntamiento de Sariñena, dado que los tres actuaban en nombre del consistorio.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia ha considerado que los tres quedan absueltos del delito de prevaricación y falsedad documental por los que eran denunciados.

El fallo inhabilita a los dos ex alcaldes para ejercer en la administración local durante doce meses en el caso de Torres y de seis en el de Canales, quien verá interrumpida su condición de concejala como portavoz del PSOE en el consistorio. Pero no hace mención a alguna a su condición actual de diputados en las Cortes de Aragón.

La sentencia condena a Antonio Torres y al ex secretario inculpado a siete meses de multa a razón de 12 euros por día por un delito de desobediencia, así como al pago solidario al denunciante de 46.606 euros. Además, condena también a la ex alcaldesa Lorena Canales al pago de 3 meses de multa a razón de 12 euros al día, y deberá indemnizar al denunciante en la suma de 16.009 euros.

Por su parte, Rafael Alastrué, ex concejal de Urbanismo, queda absuelto de las infracciones que se le imputaban.

También incluye la sentencia un voto particular del presidente del TSJA, Fernando Zubiri, para quien la ex alcaldesa Lorena Canales incurrió además en una presunta falsedad documental en una certificación presentada en el proceso judicial abierto por el vecino perjudicado.

Contra la sentencia cabe recurso de casación para ante el Tribunal Supremo, que se preparará mediante escrito presentado ante esta misma Sala dentro de los cinco días siguientes al de la última notificación a las partes.

Cabe recordar que el querellante, Mariano Martín, vecino de Sariñena y ex concejal de PAR entre 2003 y 2007, les acusaba de incumplir sistemáticamente los cinco fallos judiciales que le daban la razón en el caso de su solicitud para construir una nave porcina. El caso viene de lejos, porque ya en el año 2001, Martín solicitó al Ayuntamiento la licencia para construir una nave porcina de cebo que posteriormente, en 2003, decidió cambiar por porcino de cría. Siete años después Martín todavía no lograba conseguir los permisos para iniciar la actividad. Posteriormente otro vecino de Sariñena, José Luis Mazuque, cuya finca linda con la del querellante, solicitó licencia para otra nave de cebadero que construyó a pesar de incumplir la distancia mínima entre ambas.

Desde entonces el caso de Mariano Martín seguía peregrinando por distintos tribunales que siempre le han dado la razón. En 2005 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ya falló a su favor, solicitando la nulidad de licencia de la segunda granja y que se concediese licencia al primer solicitante. Desde entonces, Mariano Martín, cuenta con otros cuatro fallos favorables, contra los que el Ayuntamiento interpuso recursos que siempre han sido desestimados.

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