Los 21 auxiliares-administrativos del ayuntamiento oscense no descartan reclamar por daños y perjuicios

Tras permanecer en silencio desde que se conociera la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ordenaba el cese en sus puestos de 21 auxiliares-administrativos del Ayuntamiento de Huesca, estos han dado su opinión de lo sucedido y aseguran que no descartan, formular la correspondiente reclamación patrimonial económica por los daños y perjuicios que les han sido irrogados o iniciar cualquier otro tipo de acción en defensa de sus intereses.

Además, este colectivo señala que sus abogados siguen estudiando una solución viable a la difícil situación generada por la citada sentencia, que ha supuesto, aseguran, “un duro golpe” para su ánimo ya que, desde hace más de seis años, desempeñan su trabajo “con diligencia y profesionalidad”.

Así, afirman, se hace imperativo “salir al paso de declaraciones desafortunadas en las que se nos niega el haber demostrado capacidad y mérito para ocupar un puesto de funcionario”, a pesar de que el desarrollo del proceso selectivo “fue regular y correcto” (incluso, aseguran, “ni siquiera el sindicato CSI-CSIF ha denunciado irregularidades en el mismo”) y que si fue anulado fue “por un error del Ayuntamiento en cuanto al tipo de proceso selectivo a convocar para la provisión de esas plazas”.

En su reflexión sobre los últimos acontecimientos, los 21 afectados por la sentencia del TSJA recuerdan que el Ayuntamiento de Huesca convocó en 2004 un concurso oposición para proveer las plazas que han estado ocupando estos últimos años.

A este se presentaron 786 aspirantes y consistió, primero, en una fase de oposición con la realización de 3 pruebas objetivas, y una fase de concurso en la que se valoraron los cursos de formación realizados y el tiempo trabajado en la Administración Pública.

Una vez superadas todas las fases, en 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, “a instancia única y exclusivamente del sindicato CSI-CSIF”, anuló las Bases del concurso-oposición y con ello, todos los actos posteriores, incluido su nombramiento.

Inmediatamente, apuntan, solicitaron al Ayuntamiento de Huesca ser indemnizados, bien de manera económica, bien en especie, tal y como lo establece la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, artículo 141.1, y 2.2 el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

“Ante la paralización de la estructura administrativa municipal que habría supuesto la pérdida del 75% del número total de puestos de tal categoría”, señalan, “y la evidente carga presupuestaria con que la indemnización económica habría gravado las arcas municipales, el Ayuntamiento de Huesca acordó la indemnización en especie”, una resolución que, recuerdan, volvió a impugnar el sindicato CSI-CSIF y que ha derivado en la actual situación.

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