Aragón recurrirá al Supremo el Plan de Gestión de Cuencas de Cataluña

El Gobierno de Aragón ha aprobado, en consejo, el autorizar las acciones judiciales que resulten procedentes en defensa de los intereses la comunidad autónoma frente al Plan de Gestión del Distrito de Cuenta Fluvial de Cataluña. El ejecutivo aragonés muestra de esta forma su oposición a cualquier propuesta de planificación hidrológica que rompa la unidad de cuenca.

El Consejo de Gobierno ha tomado también el acuerdo de “manifestar que el Gobierno de Aragón, en lo sucesivo, se dirigirá al Gobierno de la Nación para mostrar su oposición ante cualquier propuesta de planificación hidrológica que rompa el principio de unidad de cuenca, defendiendo siempre el respeto a dicho principio en la planificación concertada entre el Estado y las Comunidades Autónomas, así como el traspaso de las competencias ejecutivas a éstas últimas”.

Como antecedentes más importante de este acuerdo hay que recordar que la Agencia Catalana del Agua (ACA) tramitó en su momento el procedimiento de elaboración del proyecto de decreto de la Generalitat de Cataluña de aprobación del Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña.

En el trámite de este procedimiento se abrió un periodo de información pública, en el que se presentaron alegaciones por parte del Instituto Aragonés del Agua, que fueron desestimadas por la ACA en fecha 10 de septiembre de 2010.

MANDATO DE LAS CORTES

Con este acuerdo de Consejo de Gobierno, el Gobierno de Aragón cumple con el mandato de las Cortes aragonesas adoptado el pasado 29 de septiembre.

Como se recordará, las Cortes de Aragón aprobaron una proposición no de ley donde se acordó, entre otras medidas, instar al Gobierno de Aragón a que analizase la aprobación del Real Decreto 1219/2011, con el objeto de presentar el correspondiente recurso, en el caso de que mantuvieran las “extralimitaciones” que presentaba el documento aprobado por la Generalitat de Cataluña, y que ya fue recurrido por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La misma proposición acordaba instar al Gobierno de Aragón a que se dirigiese al Gobierno de la Nación para mostrar su oposición ante cualquier propuesta de planificación hidrológica que rompiese el principio de unidad de cuenca; de esta forma se apostaba por este principio en la planificación concertada entre el Estado y las Comunidades Autónomas y el traspaso de las competencias ejecutivas a éstas últimas.

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