Aragón aprueba un Decreto-ley de Medidas Urgentes de Racionalización del Sector Público Empresarial

Contiene medidas de régimen económico-financiero, de control, contratación y recursos humanos para mejorar la gestión de las sociedades empresariales autonómicas. Entre ellas se incluyen las referidas a la elaboración de planes de saneamiento y pago a proveedores, las que imponen autorización del Gobierno de Aragón para contratos de más de 12 millones de euros o las relativas a la regulación del personal directivo

El Decreto-ley recoge una serie de medidas urgentes aplicables al sector público empresarial –de régimen económico-financiero, de control, contratación y recursos humanos- para la racionalización y mejora de la gestión de las sociedades empresariales autonómicas. La aprobación de esta norma guarda relación con el proceso de reestructuración del sector público empresarial puesto en marcha por el Gobierno de Aragón, que amplía el ya iniciado en 2010 y está basado tanto en la extinción, fusión y disolución de sociedades públicas como en la introducción de medidas de eficacia y control del gasto público para mejorar la gestión en las que sigan funcionando.

La reestructuración, ya en curso y que se va a llevar a cabo durante los próximos meses conllevará una reducción del 66% en el número de empresas participadas, que al término de este proceso ascenderá a 35. Este trabajo combina la permanencia en las compañías que presten servicios de interés general con la salida ordenada de aquellas sociedades en las que la presencia del Gobierno de Aragón en el capital social ya no es estratégica. También está previsto agrupar las sociedades en cuatro sectores: fomento de las iniciativas privadas, turismo, inmobiliario y gestión de infraestructuras.

El actual contexto de estancamiento económico y las restricciones financieras que padece el sector público aragonés demandan una respuesta urgente del Gobierno de Aragón para racionalizar la estructura empresarial pública de la Comunidad Autónoma. La auditoría presentada semanas atrás por la Intervención General ya revelaba graves desequilibrios contables, económicos y financieros que exigen inmediatas medidas de corrección y saneamiento, sin las cuales no solamente corre peligro la sostenibilidad de las cuentas de las empresas públicas, sino la estabilidad económico-presupuestaria del conjunto de la Comunidad.

En definitiva se trata de arbitrar un conjunto de decisiones de obligado cumplimiento que permitan avanzar a las distintas sociedades por la senda de la eficacia y la eficiencia, en coherencia con la estabilidad presupuestaria y contribuyendo a la necesaria reducción del déficit y a la contención del gasto público.

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