Las clínicas privadas de Aragón irán a la huelga el 27 de enero

Los sindicatos de la sanidad privada aragonesa, CC.OO. y UGT, inician este miércoles el calendario de movilizaciones previsto tras no llegar a un acuerdo con la patronal del sector en Aragón sobre las condiciones del convenio para los años 2011 y 2012. Éste afectaría a unos 3.000 trabajadores en todo Aragón, de los cuales unos 1.500 pertenecen a grandes hospitales, entre los que se encuentra la clínica Santiago, en Huesca capital, que cuenta con unos 70 empleados, siendo el centro más grande de la provincia.

UGT y CCOO consideran una “tomadura de pelo” el bloqueo permanente de la negociación por parte de la patronal desde hace ya un año. Ambos coinciden en que no van a permitir tres años de congelación salarial en un sector con abundantes beneficios y que, además, va a ser beneficiado por las políticas de concertación y gestión público-privada anunciadas por el Gobierno de Aragón.

Ambos sindicatos cuestionan la capacidad de esta patronal para gestionar fondos públicos y hacerse cargo de la asistencia sanitaria que le asigne el Departamento de Sanidad con objeto de reducir las listas de espera. En ese sentido, han solicitado una reunión con el consejero Ricardo Oliván para que medie en el conflicto y exija una mayor responsabilidad social a las empresas de este sector.

El calendario fijado contempla la concentración, este miércoles, frente a la clínica Quirón de Zaragoza. La siguiente tendrá lugar el 17 de este mes frente a la clínica Montpellier y la convocatoria de al menos una jornada de huelga de todo el sector para el próximo día 27 de enero, aunque no descartan nuevas movilizaciones en el caso de que no se llegara a un acuerdo.

La convocatoria abarca a todo el personal que presta sus servicios en los Centros de trabajo afectados por el Convenio de Establecimientos Hospitalarios y de Asistencia de Aragón. Además de las clínicas privadas, están incluidos en este convenio los trabajadores de despachos dentales, clínicas de estética, laboratorios de análisis clínicos o consultas privadas, entre otros. En el Alto Aragón afectaría a unos 400 trabajadores.