¿Podemos fiarnos de la DGA para gestionar la Enseñanza Pública?

Junta de Personal Docente no Universitario de la Provincia de Huesca

Por todos es conocida la situación de incertidumbre que actualmente vivimos en materia educativa. No existen directrices transparentes y la poca información acerca de las intenciones de esta nueva administración, se lanza como un globo sonda a través de las mesas de educación y de los medios de comunicación. Dicha información divulgada inicialmente como “habladuría popular” acaba materializándose en plazo de meses, con la consabida resignación de la sociedad, puesto que de alguna manera ya era “vox populi”.

Precisamente por lo anteriormente expuesto, desde la Junta de Personal docente no universitario de la provincia de Huesca, nos vemos con la responsabilidad moral de advertir a todas las personas implicadas en estas posibles nuevas directrices, que de forma sibilina y con premeditados tempos se van filtrando a la prensa.

Sería de malpensados prever que se aproveche la temporada estival para aprobar ciertas medidas y encontrarnos con nuevas decisiones, nada más empezar el año escolar, como desgraciadamente ha ocurrido en el presente curso. Entendemos que esta información afecta por igual a profesores, alumnos, padres y en general a toda la sociedad, puesto que estamos hablando del detrimento de las condiciones de un bien general, como es la educación pública y el mantenimiento de su calidad.

Si el nuevo modelo de educación va encaminado hacia lo que apuntan las informaciones vertidas en prensa, nos gustaría manifestar nuestro profundo malestar por lo que todo ello implica; es decir, una privatización en el modelo de gestión de formación de profesorado y empeoramiento en la calidad de educación pública, subvencionando modelos privados con fondos públicos.

Sería conveniente que la gente en general supiera que para el curso que viene, se van a eliminar 60 puestos de trabajo para interinos. Ya que se van a suprimir casi todos los CPRs de la provincia de Huesca. Eso significa que la lista de interinos irá todavía más lenta de lo que está yendo este curso. Y lo que es peor aún, habría que informar que tras esta supresión encubierta como “un recorte más de la crisis”, se vislumbra un modelo de privatización a través de un mantenimiento de la formación on line adjudicado a una empresa privada.

Cabe reseñar, para el que no lo sepa, que el Centro de Profesores y Recursos (CPR), se encarga de la formación y renovación pedagógica de los docentes actuales. Entendemos pues que todos tenemos excelencia cum laude y hemos alcanzado el máximo en calidad de educación puesto que no es relevante, el hecho de que un profesor se recicle y se forme en nuevas metodologías didácticas para poder implementar mejor sus clases con los alumnos.

Estimamos pues el lenguaje de la administración cuando menos “paradójico”, puesto que si se abandera una educación de calidad , no se puede al mismo tiempo suprimir formación del profesorado, ni mucho menos aumentar el número de alumnos por clase, prescindir de apoyos en las aulas y no cubrir bajas de profesores de al menos un mes. Será que estar un mes entero sin dar una asignatura significa calidad.

También debe de ser sinónimo de calidad otorgar subvenciones a la concertada para poder implantar el programa ESCUELA 2.0, mientras en la pública se paraliza su implantación, por falta de recursos.

¡Pero cuidado! , y ¡que no se engañe al lector! que todavía es mucho más retorcido intentar vender una medida clasista como una oportunidad de libertad de elección. Nos entenderán enseguida si explico que tras el famoso globo sonda “zonificación única”, una familia de a pie entiende que podrán elegir el centro al que quiere que sus hijos acudan. Hasta ahí, el discurso político que se vende en prensa, ninguna adscripción ni obligatoriedad de acudir al centro próximo a donde se resida. Lo que nadie dice, es en base a qué criterios se van a admitir alumnos en ese centro, cuáles serán los requisitos y lo que mucho menos se contempla es que en el fondo, es una medida para poder crear así “centros gueto”, más aun sin tener un baremo objetivo de aceptación de matrícula. ¿Por qué no se da la información completa a las familias en lugar de publicitar el titular suculento que vende?

No entendemos por qué, si se quiere potenciar la educación pública, se ofertan carreras universitarias en la universidad privada de San Jorge, iguales que las que ya se están ofreciendo en la pública. ¿Por qué no se informa que la intención real es una trama orquestada para vertebrar el territorio español, centralizando la educación y basándolo en un modelo de privatización?

Deberíamos pues llamar a las cosas por su nombre y si se entiende que una educación de calidad es subvencionar con fondos públicos a centros concertados con programas y proyectos que son retirados de la pública, es que no les han enseñado bien.

A nosotros, que estudiamos en la escuela pública, nos enseñaron que eso se llamaba desvío de fondos públicos a iniciativas privadas. A los que hemos estudiado en la pública, nos han enseñado a no vulnerar los derechos de nadie y mucho menos subestimar o infravalorar las capacidades de nuestros alumnos, y por supuesto de ningún ser humano. ¿Por qué entonces las administraciones están haciendo justo lo contrario, con la mano que les da de comer? El pueblo les vota para representar a los ciudadanos, no para engañarnos.

Exigimos que por una vez, alguien haga un ejercicio de responsabilidad, tomando decisiones acertadas y lo que es más importante, declarando las intenciones reales de las medidas que se están adoptando aunque solo sea por la confianza que más de medio país ha depositado en ellos. Por ello y a modo de reflexión nos volvemos a plantear nuestra pregunta inicial:

¿PODEMOS FIARNOS DE LA DGA PARA GESTIONAR LA ENSEÑANZA PÚBLICA?

El lector, que en absoluto es tonto, debería tomar la palabra…