Bienes que van y no vienen

Marta Allué

Una no da crédito cuando lee los fundamentos jurídicos con los que el Tribunal Constitucional justifica que los bienes de Sijena deben permanecer en Cataluña. La sentencia ningunea el derecho de Aragón de intentar recuperar un valiosísimo patrimonio histórico artístico que es parte fundamental de la identidad aragonesa. Así que, a pesar de la obligación de acatar el fallo, en conciencia no podemos compartirlo en absoluto y nuestra indignación debería tener idéntico reflejo en la reacción política.

El sentido común debería primar a la hora de interpretar las leyes, pero lamentablemente vemos que la justicia va por un camino y la sociedad por otro.

Como escuchaba estos días, para empezar a valorar la sentencia del Constitucional, deberíamos comenzar por indignarnos como ciudadanos porque hay tribunales que tardan 14 años en redactar 14 folios de una sentencia, que parece sitúar al Estatuto catalán por encima del bien y del mal. Esta resolución ventila el litigio de los bienes, enfrentando Estatuto contra Estatuto, y resolviendo que prevalece el catalán sobre el aragonés, y por tanto, los derechos de una comunidad sobre la otra. En definitiva, una sentencia que concede a Cataluña las competencias para actuar, sobre un patrimonio, que no le pertenece y niega el derecho de acción a sus legítimos propietarios.

El común de los mortales nos preguntamos ¿porqué?, y la sentencia explica que Aragón, incluso se extralimitó, al cumplir con su deber estatutario, que en el artículo 22.2 insta a nuestros poderes públicos a “desarrollar las actuaciones necesarias para hacer realidad el regreso a Aragón de todos los bienes integrantes de su patrimonio cultural, histórico y artístico que se encuentren fuera de su territorio”. Osea que deberíamos permanecer inmóviles cuando Cataluña compró casi un centenar de obras de arte, a precio de ganga, a escondidas del Ministerio de Cultura y del Gobierno de Aragón, sin hacerlo público en el Diario Oficial de la Generalitat y negociando con unas monjas octogenarias, que necesitaban ingresos para su Orden. Además señala la sentencia que entonces, Aragón no tenía todavía aprobado el Estatuto. ¡¡¡Ahhh, se siente¡¡¡ Pues eso… que al parecer los aragoneses antes de 1982 teníamos derecho a vivir y trabajar, porque afortunadamente ya existía la Constitución y el Estatuto de los trabajadores, pero poco más, y eso facultaba a cualquiera a despojarnos de nuestros bienes más valiosos.

Lo más penoso es que este fallo, que afecta a 97 piezas, podría crear jurisprudencia y desprotegernos para seguir exigiendo las más de 140 obras de arte que fueron saqueadas y expoliadas del Monasterio de Sijena, porque sí se desestima el argumento de Aragón en este caso, ¿Qué ocurrirá con el robo perpetrado por funcionarios catalanes en el año 36 que, literalmente, arrancaron las pinturas de la Sala Capitular (denominada la Capilla Sixtina de Aragón) ¿ ¿ Y que pasará con el resto de obras que en los años 70, el entonces Obispo de Lérida, mandó cargar en camiones con la excusa de protegerlos de posibles robos, y nunca más regresaron al Monasterio?

Al estupor que nos causa el fallo del Constitucional, los aragoneses sumamos la indignación con los sucesivos gobiernos de Aragón que durante décadas no han ejercido la defensa de nuestros intereses, con la perseverancia y beligerancia esperada. Como me comentaba estos días un político, está muy bien que nuestros representantes opten por agotar la vía judicial, pero también hay que exigirles que apuesten por la vía política e institucional, que ejerzan como políticos, y reivindiquen, de tú a tú, ante sus homólogos catalanes, nuestra razón moral e histórica.